La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, ha emitido una grave denuncia pública a través de sus canales oficiales, alertando sobre presuntas irregularidades en la adquisición de predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según la congresista, la entidad gubernamental estaría comprando bienes que se encuentran bajo administración del Fondo de Reparación de Víctimas, los cuales pertenecían originalmente a exjefes paramilitares que recientemente han sido designados como «gestores de paz» por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
En su declaración, Valencia defendió los resultados de la Ley de Justicia y Paz, contradiciendo las narrativas que señalan el fracaso de dicho proceso. La senadora argumentó que es falso que los paramilitares no hayan pagado cárcel o entregado bienes, citando que la gran mayoría de los cabecillas fueron extraditados a Estados Unidos y que en Colombia más de 2.800 integrantes de estas estructuras cumplieron penas privativas de la libertad y entregaron propiedades para la reparación. Estos activos, según explicó, reposaban en el fondo destinado a las víctimas del conflicto armado.
El punto central de la denuncia radica en la coincidencia temporal entre la designación de figuras como Salvatore Mancuso como gestores de paz y la supuesta compra de sus antiguos bienes por parte de la ANT. La senadora calificó como «extraño» que la agencia estatal esté destinando recursos para adquirir precisamente las propiedades de estos excomandantes, planteando interrogantes sobre el destino final de dichos predios y el beneficiario real de las transacciones.
Desde el punto de vista jurídico, Valencia advirtió que la Agencia Nacional de Tierras carece de habilitación legal vigente para realizar estas compras. Explicó que la facultad para adquirir estos bienes había sido incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, pero dicha disposición fue tumbada por la Corte Constitucional. Además, señaló que muchos de estos predios no han surtido el proceso completo de extinción de dominio y se encuentran apenas con medidas cautelares, lo que implica que legalmente la titularidad no ha pasado totalmente al Estado.
La denuncia incluyó una revelación basada en fuentes internas de la misma entidad de tierras, quienes habrían informado a la senadora sobre la presencia de paramilitares seleccionando los predios que la ANT debe gestionar. Ante este panorama, Valencia instó a la ciudadanía a mantener una veeduría activa, cuestionando si estas operaciones se están realizando con el conocimiento de los gestores de paz y si los recursos o las tierras terminarán en manos de testaferros en lugar de reparar a las víctimas legítimas del conflicto.
