La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió un pronunciamiento oficial para desvirtuar las recientes afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien a través de sus redes sociales advirtió sobre una supuesta intervención de Estados Unidos en el software electoral colombiano. La entidad aclaró que el banner publicitario cuestionado por el mandatario corresponde a la ‘Línea Anticorrupción 157’, una herramienta que no tiene vinculación técnica con los sistemas de votación y que, paradójicamente, fue inaugurada por el propio jefe de Estado a principios de este año.
Según la información verificada y expuesta por el órgano electoral, la iniciativa fue lanzada el pasado 21 de enero de 2025 en un evento presidido por Gustavo Petro, acompañado de altos funcionarios del Gobierno y la cúpula de la Policía Nacional. La inclusión del anuncio en el portal web de la Registraduría respondió a una solicitud directa de la Policía para dar visibilidad a este canal de denuncias, el cual hace parte de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción establecida en el Decreto 1600 de 2024.
La controversia surgió porque la estrategia cuenta con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Sin embargo, la Registraduría fue enfática en señalar que este apoyo institucional se limita exclusivamente a la promoción de la transparencia y la denuncia ciudadana, sin que estos organismos internacionales tengan acceso, injerencia o relación alguna con el software de escrutinio ni con la logística electoral del país.
Para zanjar las dudas sobre la soberanía del proceso, la entidad recordó que el escrutinio en Colombia no es manejado por agentes externos, sino que es una labor ejecutada por jueces de la República, notarios y registradores de instrumentos públicos, quienes consolidan los resultados de las votaciones. El comunicado concluyó advirtiendo que poner en duda la legitimidad de los procesos democráticos mediante la desinformación genera un grave perjuicio a la estabilidad institucional, especialmente cuando se ataca una herramienta que el mismo Ejecutivo promovió como vital para la transparencia pública.
