La senadora y precandidata presidencial del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, emitió una fuerte alerta a través de sus canales digitales sobre un nuevo proyecto de ley radicado por la bancada de Gobierno, el Pacto Histórico. Según la congresista de oposición, la iniciativa legislativa, que cuenta con el respaldo de senadores como Iván Cepeda, representa un riesgo inminente para la estabilidad de la empresa privada y la inversión extranjera en Colombia al modificar sustancialmente las reglas de juego en materia de responsabilidad empresarial y contratación estatal.
El punto central de la denuncia de Valencia radica en las disposiciones que permitirían al Estado la cancelación unilateral de contratos de concesión minera, licencias ambientales y contratos de exploración o explotación de recursos naturales. De acuerdo con el articulado del proyecto compartido por la senadora, estas terminaciones no requerirían sentencias judiciales en firme, sino que podrían basarse en «indicios fundados» de que la actividad ha causado violaciones graves a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario.
El proyecto define estos «indicios fundados» como información creíble proveniente de diversas fuentes no judiciales, incluyendo informes de órganos de control, alertas tempranas de la Defensoría, observaciones de organismos internacionales, denuncias de comunidades u organizaciones sociales y reportes de misiones de verificación. Valencia advierte que esta amplitud facultaría a cualquier persona que acredite un interés directo, incluidas ONG y comunidades, para solicitar la nulidad de contratos vigentes, lo que a su juicio genera inseguridad jurídica y podría paralizar sectores estratégicos como el minero-energético y el de infraestructura.
Otro aspecto crítico señalado por la oposición es la modificación en la figura del levantamiento del velo corporativo. El proyecto establece que se podrá desestimar la personalidad jurídica de una empresa para perseguir el patrimonio de socios, administradores y controlantes en casos de violaciones a derechos humanos o daños ambientales. La norma propuesta indica que no se requerirá prueba directa de dolo individual, bastando con hechos verificables que evidencien un uso abusivo de la estructura societaria para evadir responsabilidades de reparación integral.
La iniciativa también busca extender la responsabilidad solidaria a las matrices extranjeras de grupos empresariales multinacionales. Si una filial en Colombia ejecuta actividades que vulneren derechos humanos o normas ambientales bajo el control efectivo de su casa matriz en el exterior, esta última deberá responder solidariamente. Para Valencia, esta medida disuadirá la llegada de capital foráneo, ya que las multinacionales podrían enfrentar sanciones en sus países de origen por acciones ocurridas en territorio colombiano bajo conceptos que ella considera vagos e indeterminados en el texto del proyecto.
El articulado contempla un severo régimen sancionatorio administrativo que incluye multas, la suspensión o cancelación de licencias y personerías jurídicas, y la inhabilidad para contratar con el Estado hasta por diez años. La senadora Valencia calificó la propuesta como un intento de estatizar la economía por vías indirectas, argumentando que la falta de definiciones precisas sobre qué constituye una violación a derechos humanos en este contexto podría derivar en arbitrariedades por parte del Gobierno de turno contra el sector productivo nacional.
