El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el inicio de una campaña destinada a lograr su exclusión de la conocida “Lista Clinton”, instrumento de sanciones de Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
La inclusión del mandatario colombiano, junto a miembros de su círculo cercano, se fundamenta en acusaciones oficiales de EE.UU. que lo vinculan con actividades de narcotráfico y lavado de activos. El presidente Petro ha calificado la medida como una “medida de extorsión política” y rechazó haber sido informado previamente sobre el proceso.
Para solicitar su retiro de la lista, el gobierno colombiano debe cumplir con una serie de requisitos legales en EE.UU., entre los que se encuentra demostrar la inexistencia de vínculos con organizaciones al margen de la ley y ejecutar medidas que evidencien un control efectivo sobre estructuras financieras ilícitas. Analistas indican que este proceso podría tardar varios meses o incluso años, dependiendo de la cooperación bilateral y de la evidencia presentada.
La medida genera un fuerte impacto en las relaciones diplomáticas y económicas entre Colombia y Estados Unidos, pues la inclusión del presidente en la lista conlleva congelación de activos, prohibiciones de transacción con ciudadanos estadounidenses y afectaciones al comercio internacional. En este contexto, el mandatario reiteró que su gobierno continuará con las políticas de control de cultivos ilícitos y fortalecimiento institucional como parte de los requisitos para su exclusión.
La estrategia oficial contempla la creación de una “Oficina de Defensa Jurídica Internacional” que coordinará acciones en Washington para presentar el caso ante la OFAC, respaldada por asesores norteamericanos y colombianos. Mientras tanto, en el ámbito interno, el gobierno debe también presentar avances concretos en la lucha contra las mafias de narcotráfico y transparentar movimientos financieros sospechosos vinculados al entorno presidencial.
