El sector bancario colombiano ha comenzado a ejecutar bloqueos de productos financieros en contra del presidente Gustavo Petro y del ministro del Interior Armando Benedetti luego de que el gobierno de los Estados Unidos los incluyera en la lista de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) —conocida como «Lista Clinton».
Según información exclusiva de la emisora La W Radio, al menos una entidad financiera en Colombia ya bloqueó productos vigentes del presidente Petro, de algunos miembros de su familia y del ministro Benedetti.
La inclusión en la lista de la OFAC implica que cualquier activo o interés en bienes de las personas designadas puede ser objeto de bloqueo bajo jurisdicción de EE.UU., así como la imposibilidad de que ciudadanos estadounidenses realicen transacciones con ellas.
Desde el gremio bancario, la Asobancaria emitió un comunicado en el que reafirma que el sistema financiero colombiano «seguirá actuando en concordancia con los derechos del consumidor financiero, la normativa local y la jurisprudencia de la Corte Constitucional». Asimismo, recordó que Colombia ha sido un referente mundial en materia de lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo por más de 30 años.

Expertos en lavado de activos advierten que, aunque la decisión de bloquear cuentas o productos financieros dentro del país no está automatizada —dado que la normativa nacional no obliga directamente a los bancos colombianos a aplicar sanciones de la OFAC—, las entidades con corresponsalía financiera internacional podrían tomar estas medidas como mecanismo de protección ante riesgos de sanción secundaria.
En el plano práctico, la suspensión o bloqueo de productos significa que las entidades financieras podrían restringir el uso de tarjetas, transacciones con corresponsales extranjeros o el acceso a servicios vinculados a cuentas en dólares o que dependan del sistema internacional. Al mismo tiempo, los servicios básicos del sistema bancario nacional —como la nómina, pagos locales o liquidaciones— podrían mantenerse, dado que el acceso al sistema financiero es un servicio esencial.
La reacción política no se hizo esperar: el presidente Petro calificó su inclusión en la lista como «una represalia política», afirmando que no posee dólares en EE.UU. ni cuentas que requieran ser congeladas. Por su parte, el ministro Benedetti también rechazó los señalamientos.
Desde el punto de vista internacional, esta sanción profundiza el aislamiento financiero del país en ciertos aspectos, pues pone en riesgo la operación de entidades colombianas que tienen vínculos de corresponsalía con bancos estadounidenses, además de generar un aumento del riesgo país percibido por los mercados.














