El gobierno colombiano, encabezado por el presidente Gustavo Petro, ha presentado el borrador de un proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente que incluye facultades extraordinarias para el Presidente durante seis meses. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó el articulado de 11 artículos este 23 de octubre de 2025, en un contexto de tensiones institucionales y un año preelectoral.
El borrador, divulgado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, consta de once artículos que definen la estructura, plazos y preguntas del eventual referendo constituyente. Según el documento, la nueva Asamblea estaría integrada por 71 delegados elegidos por votación popular, con representación de pueblos indígenas, afrodescendientes, juventud, víctimas del conflicto armado, sindicatos, comunidades raizales y colombianos en el exterior.
Una de las piezas más polémicas es el parágrafo que faculta al Presidente por seis meses a “expedir normas con fuerza de ley” para definir los requisitos de los delegados, la representación de grupos sociales y los mecanismos internos de postulación. El texto indica que la Asamblea funcionaría por un periodo de tres meses, contados desde su instalación que debe ocurrir 30 días después de la declaratoria de elección de sus miembros.
El Ejecutivo justifica la iniciativa aludiendo a un “bloqueo institucional” que, en su opinión, impide avanzar reformas estructurales y políticas públicas prioritarias. Entre los límites que el proyecto impone a la futura reforma constitucional se incluyen el respeto a los tratados internacionales sobre derechos humanos, las normas del ius cogens, la prohibición de retroceso en los derechos fundamentales y el principio de no regresividad en derechos sociales.
El trámite propuesto implica que el Congreso de la República debe aprobar la ley que convoca a la Constituyente, la cual, de acuerdo con la Constitución vigente, requiere también la aprobación de la Corte Constitucional de Colombia antes de someterse a votación ciudadana. Además, para que la consulta sea válida se exige que al menos un tercio del censo electoral vote afirmativamente, lo que significa más de 13 millones de votos según estimaciones.
La propuesta se presenta en un escenario político complejo: se trata de un año preelectoral, con elecciones presidenciales previstas para 2026, y en medio de tensiones institucionales sobre el rol del Congreso, la división de poderes y la gobernabilidad. Sectores de la oposición y juristas han expresado preocupación por la concentración de poder que implican las facultades extraordinarias al Ejecutivo y por la factibilidad temporal del proceso, dada la exigencia de mayorías absolutas en el Congreso y los plazos tan ajustados.
