Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal
Estamos condenados a que todo nos polarice. Hasta la aplicación de la justicia nos divide.
La absolución concedida por el Tribunal de Cundinamarca al expresidente Uribe, dejando sin validez el fallo de la juez que lo condenó a 12 años de prisión, amenaza con convertirse no solo en otro motivo de división en un país tan agrietado como es la Colombia de hoy, sino en un tsunami político que cambie el panorama en el cual se van a realizar las elecciones del 2026.
El efecto boomerang del fallo del Tribunal restablece en su carácter de caudillo al expresidente Uribe, pero al mismo tiempo construye una ventana para que todos los colombianos nos asomemos a mirar la grave crisis que afecta la justicia en este país, donde los contratistas se volvieron dueños del Estado.
Al tiempo que el fallo del Tribunal plantea serias dudas sobre la imparcialidad de la juez que condenó en primera instancia al expresidente, también deja traslucir un paisaje turbio en las actuaciones de la Corte Suprema.
Y políticamente, el boomerang del fallo replantea opciones, pero también desmorona candidaturas.
El primer golpe lo sufre el senador Iván Cepeda, que construyó su candidatura por el Pacto Histórico sobre la base de ser el dueño del trofeo de haber condenado a Uribe.
El segundo golpe lo recibe el presidente Petro, quien en vez de respetar el fallo convoca a los ciudadanos que lo siguen a iniciar la recolección de firmas para conseguir la aprobación de una constituyente que vuelque el orden institucional y, quizás, establezca el irrespeto por los pesos y contrapesos de los poderes democráticos, siguiendo su repetido ejemplo de irse contra los fallos del legislativo o del judicial cuando no le resultan satisfactorios.
El tercer golpe es para los candidatos del Centro Democrático, porque con Uribe revestido ahora de nuevo con la aureola de caudillo de su tribu, la encuesta que escogería al elegido queda valiendo huevo y será el dedo del expresidente quien decida.
