Daniel Quintero anunció su retiro de la consulta interna del Pacto Histórico prevista para el 26 de octubre, acusando al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Registraduría de alterar las reglas del juego e imponer condiciones que, según él, comprometen su legalidad.
En un mensaje difundido en redes sociales, Quintero afirmó que el CNE “mató la consulta del Pacto Histórico” al convertirla de un mecanismo partidista a uno interpartidista, lo cual invierte acuerdos previos entre los aspirantes y podría impedir su participación posterior en una consulta más amplia prevista para marzo de 2026.
El precandidato denunció que la prohibición del uso del logo del Pacto Histórico en el tarjetón electoral representa una modificación sustancial del proceso, que afecta su reconocimiento político y la claridad para los votantes. Según Quintero, esa decisión de las autoridades electorales reduce garantías esenciales de transparencia y equidad.
Quintero aclaró que su retiro de la consulta no implica renuncia a aspirar a la presidencia en 2026, y ratificó su intención de continuar con su campaña bajo condiciones que considere justas.
La controversia ocurre en un contexto de disputas jurídicas al interior del Pacto Histórico, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá desestimara una tutela que validaba la inclusión de Colombia Humana como parte de la fusión partidista, lo que debilitó la personería jurídica de la coalición y abrió la puerta para que la consulta fuera considerada interpartidista por parte del CNE.
Tras la decisión de Quintero, la precandidata Carolina Corcho confirmó que mantiene su participación en la consulta del 26 de octubre y exigió que las autoridades electorales garanticen la transparencia, la custodia de los materiales electorales y la reimpresión del tarjetón si es necesario.
La Registraduría ya imprimió alrededor de 39 millones de tarjetones con las imágenes de los tres aspirantes, lo que genera un dilema logístico y financiero si debe reimprimirse sin el logo del Pacto Histórico. Algunos analistas estiman que la omisión del logo podría generar costos elevados y problemas de confusión entre los electores.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El presidente Gustavo Petro calificó la decisión del CNE como un golpe a la democracia y respaldó las críticas de Quintero. Otros sectores del progresismo advierten que la crisis podría fragmentar la unidad del movimiento de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
La figura de Iván Cepeda, otro de los aspirantes, queda en el centro del escenario para los próximos días: su decisión de continuar o renunciar a la consulta podría determinar el rumbo que tome la coalición.
El retiro de Quintero redefine el debate sobre la legitimidad institucional de la consulta, sobre la capacidad del Estado para modular procesos internos de los partidos, y sobre cómo las reglas electorales pueden alterar dinámicas políticas críticas bajo la apariencia de formalismos administrativos.
