El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín ordenó sancionar al ministro de Educación, Daniel Rojas, con tres días de arresto y una multa equivalente a dos salarios mínimos mensuales por no cumplir un fallo de tutela que lo obligaba a entregar información solicitada por la Gobernación de Antioquia.
La disputa se originó tras requerimientos de la Gobernación antioqueña para que el Ministerio sustentara una imputación de una deuda cercana a $3.800 millones por pagos pendientes de liquidación de cesantías a profesores de la Universidad de Antioquia.
La Gobernación solicitó documentos como copias de fallos judiciales, comprobantes de pago y expedientes administrativos para respaldar la pretensión de que la responsabilidad recaiga en la administración departamental.
Aunque el Ministerio envió una respuesta inicial, la Gobernación alegó que estaba incompleta y presentó una tutela que fue fallada a su favor. Frente a la falta de entrega total de la información exigida, el juzgado abrió un incidente de desacato y decretó la sanción contra Rojas.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín ya había revocado la orden de arresto emitida por el juzgado inferior. Esa decisión implicaría que la sanción impuesta al ministro queda suspendida o sin efecto mientras se resuelve legalmente la revocatoria.
El ministerio respondió que entregó el expediente administrativo completo al Departamento, pero reconoció que no allegó algunas de las piezas documentales que la tutela exigía expresamente.
El caso pone en evidencia una tensión creciente entre el Gobierno nacional y las administraciones territoriales sobre la financiación y responsabilidad de obligaciones laborales del magisterio. La medida contra un alto funcionario como un ministro es insólita en Colombia y abre debates sobre el cumplimiento de las decisiones judiciales por parte del Ejecutivo.
