Por: Rafael Rodríguez-Jaraba*
La democracia no es perfecta, es perfectible, y, a pesar de sus debilidades, es la mejor expresión posible de libertad, igualdad, orden y justicia. Su vigencia se legitima, con la voluntad y el querer mayoritario de los ciudadanos en favor de un Estado que sea respetuoso de los derechos fundamentales a la crítica, el disenso, la oposición constructiva y civilizada, y la movilización pacífica.
El mayor deber de un Estado, es proteger la vida y la libertad de sus ciudadanos, debiendo reprimir con rigor y fortaleza, a los grupos criminales que intentan cercenarlas, e imponer la anarquía y el caos.
Secuestrar ciudadanos con fines extorsivos y someterlos a torturas y tratos crueles y degradantes, no merece perdón ni olvido. Quienes atentan contra la vida y la libertad, conspiran contra la sociedad y deben ser legalmente reducidos y justamente procesados por autoridad de la ley.
Proteger la democracia y el Estado de Derecho, es responsabilidad de la sociedad y no solo, del Estado, de ahí la necesidad que la nación entera manifieste su rechazo y repudio a la sentencia proferida contra las Narco-Farc por la JEP, la que, como está probado, es un sistema de justicia espuria para la impunidad.
Colombia no debe olvidar las masacres de las Narco-Farc con cilindros bombas; los pueblos arrasados; los ajusticiamientos públicos; el boleteo extorsivo; los aviones secuestrados; los falsos retenes; las pescas milagrosas; los miles de policías y soldados asesinados o mutilados; los centenares de huérfanos y viudas; los secuestros de La María y del Kilómetro 18; la voladura del edificio de la Policía en Cali; el atentado al Palacio de Justicia de Cali; el asesinato de consejeros, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, y; los campos de concentración donde mantenían a los secuestrados.
Pero ante tanta villanía, degradación y barbarie, y luego de cerca de diez años de anuncios, holgazanería y de siderales gastos, este remedo de tribunal, ilegítimo desde su constitución, expidió su primera sentencia, la que antes que castigar delitos de lesa humanidad tipificados por el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional o Ius cogens, terminó premiando a los miembros de la cúpula de la banda criminal Narco-Farc, por todas las fechorías cometidas, entre muchas, asesinato, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución, esterilización y aborto forzado, y ataques deliberados a poblaciones civiles.
Es inconcebible que las sanciones impuestas a estos criminales, tan solo se reduzca a “8 años de trabajo social y de actividades de reparación a más de 21,000 víctimas, y adicionalmente, a buscar, identificar y entregar en condiciones de dignidad los despojos de ciudadanos dados por desaparecidos, así como hacer relatos y celebrar eventos de reparación simbólica a las víctimas, y sin pagar un solo día de cárcel”, lo que constituye una mofa, no solo a ellas, sino a la nación entera, y una burla al Estatuto de Roma que administra la Corte Penal Internacional de La Haya.
Pero no siendo poca la vulgar impunidad que entroniza el fallo de la JEP, los “ex criminales” no tendrán sanción política alguna y, por ende, no estarán inhabilitados para seguir haciendo política gracias a los genocidios cometidos.
La perversa sentencia también los exime, de reparar de manera efectiva a las víctimas y de pagarles indemnizaciones por los daños irreparables causados, lo que transgrede la obligación de hacer entrega de los bienes y recursos obtenidos con su accionar criminal.
En suma, la parodia de sentencia, y tal como estaba previsto, terminó burlando las víctimas, perdonando el delito, premiando el crimen y gratificando la villanía.
Lo decidido por la JEP, es abiertamente contrario a lo que establece el Estatuto de Roma, tratado universal de imperativo cumplimiento para Colombia, que reprueba el otorgamiento de privilegios económicos, dádivas políticas o exenciones penales a quienes cometen delitos de lesa humanidad, estatuto que, además, no admite que estos delitos sean objeto de amnistía, perdón, condonación, absolución u olvido.
Al final, la firma de los llamados Acuerdos de La Habana, terminaron siendo la claudicación y la postración del Estado frente a una banda de criminales disfrazados de verde, así como la violación del querer y la voluntad popular que los reprobó, a lo que Juan Manuel Santos hizo caso omiso con el beneplácito de la Corte Constitucional política de la época y de un Congreso venal y obsecuente.
La sentida necesidad de alcanzar la paz, no nos debe inducir a la ingenuidad y menos, a renunciar al ideario de principios y valores en que se funda la democracia. Cualquier esfuerzo por lograr la paz es loable, pero su consecución no puede servir de pasaporte a la impunidad.
Alcanzar la paz bajo la intimidación del malhechor, que obtiene capacidad para negociarla, prometiendo suspender sus fechorías a cambio de exigir caras prebendas, constituye la rendición del Estado, la claudicación de la ley y un premio a la felonía.
En la Colombia exacerbada de hoy, el único diálogo posible con criminales debe estar condicionado a la libertad inmediata de secuestrados; al cese de actos terroristas, extorciones, secuestros y narcotráfico; y, a la inmovilización, entrega de armas y sometimiento incondicional a la justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos, los que por ser imprescriptibles no son negociables.
Será interesante conocer los pronunciamientos del Fiscal de la Corte Internacional de Justicia, de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch sobre este monumento a la impunidad. Así como preguntar a los gobiernos de los países garantes y acompañantes en el proceso de sometimiento del Gobierno a las Narco-Farc, si están de acuerdo en que se haya quebrantado el Estatuto de Roma y que los delitos de lesa humanidad se perdonen y premien. Es predecible que sus respuestas serán inmediatas y negativas, en contraste a como fueron sus precipitadas aceptaciones a cohonestar con el proceso de Santos, el que, no solo implantó la más cínica y vulgar impunidad, sino que, además, apoltronó en el Congreso 10 criminales de lesa humanidad.
La única paz posible en Colombia, debe ser resultado del sometimiento incondicional de la criminalidad a la justicia.
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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado. Esp. Mg. LL.M. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Catedrático. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
