La Casa Blanca de Donald Trump evalúa una ofensiva inédita contra los cárteles venezolanos. Fuentes citadas por CNN y Reuters aseguraron que Washington está considerando atacar objetivos de las redes de narcotráfico dentro de Venezuela, una decisión que supondría escalar tras el bombardeo del 2 de septiembre a una embarcación desde territorio estadounidense. Ese ataque, difundido por Trump en sus redes sociales, destruyó un bote procedente de Venezuela y mató a 11 personas que el presidente vinculó al Tren de Aragua. Ni la Casa Blanca ni el Pentágono han comentado los reportes sobre una posible incursión en tierra, aunque Trump reiteró que su gobierno no busca un cambio de régimen.
El mandatario insiste en que su estrategia persigue frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Por ello, ordenó el despliegue de diez aviones de combate F‑35 a una base aérea de Puerto Rico para misiones contra organizaciones catalogadas como “narco‑terroristas”. Esta medida se suma a una considerable presencia militar en el Caribe: al menos siete buques de guerra y un submarino de ataque operan en la zona, respaldados por más de 4.500 marines y marineros. Un funcionario estadounidense reveló que dos cazas F‑16 venezolanos sobrevolaron el destructor Jason Dunham; Trump advirtió que cualquier aeronave que amenace a sus fuerzas sería derribada.
La escalada militar ocurre pocos días después de la destrucción de la lancha supuestamente cargada con narcóticos. Trump, sin aportar pruebas, afirmó que la tripulación pertenecía al Tren de Aragua, banda que Washington catalogó como terrorista en febrero. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, adelantó que las operaciones contra “narco‑terroristas” continuarán, pero no ofreció detalles sobre la legalidad del ataque ni sobre la supuesta carga hallada en el barco. La congresista demócrata Ilhan Omar criticó las acciones y recordó que el Congreso no ha declarado guerra contra Venezuela; a su juicio, el presidente no puede ignorar la autoridad legislativa en materia de uso de la fuerza.
En Caracas, el presidente Nicolás Maduro calificó las acusaciones de Washington como parte de un plan para derrocarlo. En entrevistas recientes aseguró que más del 90 % de los venezolanos rechaza las amenazas estadounidenses y que nadie violará la soberanía nacional. El mandatario negó que su país cultive coca o produzca cocaína y afirmó que el narcotráfico se usa como nueva excusa para justificar invasiones. Al mismo tiempo, su gobierno activó milicias y convocó a sus seguidores a enlistarse para una eventual defensa.
El debate legal internacional es intenso. Mary Ellen O’Connell, experta en derecho de la Universidad de Notre Dame, señaló que interceptar un barco sospechoso normalmente recae en la Guardia Costera y que usar la marina sin probar una amenaza inminente viola los principios básicos del derecho internacional, acercando el ataque a una ejecución extrajudicial. El despliegue de F‑35 y la posibilidad de bombardear dentro de Venezuela han despertado alarma en expertos de la región que advierten sobre el riesgo de un conflicto prolongado.
Analistas citados por la agencia AP consideran improbable una invasión terrestre. Subrayan que, aunque Trump duplicó la recompensa por la captura de Maduro y designó como terroristas a varios grupos latinoamericanos, la actual movilización busca presionar a las redes criminales y enviar señales políticas. Según estas fuentes, Washington no ha dado indicios de operaciones terrestres y la presencia naval y aérea se orienta a interceptar embarcaciones sospechosas en el Caribe. No obstante, la combinación de ejercicios militares, amenazas verbales y el posible uso de F‑35 mantiene a la región en máxima tensión mientras el gobierno de Maduro prepara a su base y pide apoyo internacional.
