El Senado de la República eligió el miércoles 3 de septiembre de 2025 a Carlos Camargo Assis como nuevo magistrado de la Corte Constitucional para el periodo 2025‑2033, obteniendo 62 votos a favor frente a los 41 de su contendiente principal, María Patricia Balanta Medina.
Camargo es abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda, donde obtuvo pregrado en 1997, posteriormente una especialización, una maestría y el doctorado en Derecho en 2019. También realizó estudios en American University sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Su trayectoria incluye el desempeño como Defensor del Pueblo entre septiembre de 2020 y 2024, designado por el expresidente Iván Duque, periodo durante el cual enfrentó múltiples retos derivados de la pandemia, la implementación del Acuerdo de Paz y la protección de comunidades vulnerables. Durante su gestión impulsó el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas (SAT).
La elección se enmarca en una pugna política entre el Gobierno y la oposición. Camargo fue respaldado por partidos como Cambio Radical, Centro Democrático y conservadores, en contraste con Balanta, apoyada por sectores del oficialismo e independientes.
El proceso ha estado rodeado de polémica. A Camargo se le atribuyen señalamientos, como investigaciones por presunto espionaje durante su paso por la Defensoría del Pueblo y por haber contratado a familiares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, expertos constitucionalistas han cuestionado tanto su trayectoria como el principio de independencia judicial.
La elección también despierta preocupación sobre la independencia del tribunal, dado que la configuración del tribunal—que ya ha experimentado recambios recientes—podría inclinar mayorías en casos de gran relevancia, como reformas pensional y derechos fundamentales.
La vacante que ocupará Camargo corresponde al final del periodo del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien culminó su mandato en septiembre de 2025. Convirtiéndose en miembro del tribunal por ocho años, su rol será fundamental en las decisiones sobre reformas estructurales y la salvaguardia de la Constitución.
