El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció este lunes que no se acogerá a la figura de la prescripción en el proceso penal que enfrenta por presunta manipulación de testigos. En un escrito presentado ante el Tribunal Superior de Bogotá y dirigido al magistrado Manuel Antonio Merchán, el exmandatario aseguró que continuará en busca de una decisión de fondo, pese a que la condena en primera instancia lo declaró culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Uribe explicó que, aunque la ley le ofrece “un camino corto y sencillo” para terminar el proceso por vencimiento de términos, no lo acepta. “Incluso con el peso de una injusta condena y estando mi libertad en juego, no puedo declinar el camino de la verdad”, señaló en su declaración. Para el expresidente, renunciar a ese recurso significa mantener abierta la posibilidad de que su caso sea revisado y fallado de manera definitiva.
En derecho penal, la prescripción es una figura que establece un límite temporal a la acción del Estado: después de un número determinado de años, ya no se puede juzgar ni sancionar a una persona porque la acción penal caducó. Es como un reloj que corre a favor del acusado; si se agota el tiempo, el proceso termina automáticamente, sin importar si es culpable o inocente.
Al renunciar a la prescripción, Uribe envía el mensaje de que no quiere que el expediente se cierre por un tecnicismo procesal, sino que prefiere que haya una decisión de fondo. En la práctica, el Tribunal Superior de Bogotá podrá seguir estudiando la apelación de su defensa hasta dictar una sentencia definitiva, sin la presión del vencimiento de términos.
La determinación tiene un fuerte componente político y jurídico: se trata del primer expresidente colombiano condenado en un proceso penal y ahora sometido a la revisión de segunda instancia. Con esta jugada, Uribe busca que su absolución o ratificación de la condena se dé en el marco de un fallo sustancial, y no por la expiración de plazos.
El futuro de este caso seguirá dependiendo de lo que resuelvan los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, quienes tienen la responsabilidad de confirmar, modificar o revocar la sentencia. La decisión de Uribe abre así un nuevo capítulo en un proceso que ha marcado la agenda judicial y política del país en los últimos años.
