Por: Gabriel Zapata Correa
El país ha entrado en una nueva borrasca política, liderada por el gobierno del presidente Petro y su malabarista ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en lo que ellos llaman redoblar la apuesta por la paz con el proyecto de ley radicado en el Congreso que busca el sometimiento de los criminales a la justicia.
Desde luego que las gentes de bien que somos la mayoría de los colombianos, lo que percibimos con este proyecto de ley el doblegamiento del estado a las bandas criminales, en una coyuntura peligrosa que esconde la verdadera trampa: la extensión del Pacto de la Picota, con el interés electoral de que estas bandas criminales y traquetas, que tienen el verdadero control en los territorios, ejerzan la presión sobre los electores.
Para el gobierno, desde su punto de vista, es un paso indispensable ya que habilitaría la rebaja de penas a cambio de que las organizaciones entreguen armas, aporten información sobre sus delitos y repararen a las víctimas.
Los colombianos estamos a seis meses de que el país entre en campaña por las elecciones legislativas y la presidencial. Un decreto muy peligroso porque en más de 300 municipios las bandas criminales, sin discriminación, y las que se esconden bajo la palabra “disidencias” mandan a su antojo, tienen el control, imponen el secuestro, la extorsión y el negocio lucrativo del narcotráfico.
El ambiente en todo el país sobre este proyecto de ley no es bueno, porque llega antecedido de un precedente nefasto, que demuestra desafortunadamente la cercanía del presidente Petro con los cabecillas de estas bandas. Vale recordar la indignación que produjo en todo el país ese acto público que presidió el primer mandatario en una tarima en La Alpujarra, acompañado de los principales jefes de las bandas criminales, quienes fueron sacados de la cárcel de Itagüí para legitimar su presencia como si fueran unas hermanitas de la caridad, y a quienes defendió posteriormente en un consejo de ministros.
Aparte de las diversas reacciones que produjo este acto bochornoso y vergonzoso, habría que preguntarse si no se trató de un bofetón a la fuerza pública y una burla a las instituciones que luchan contra el crimen día a día.
Recordemos que el Gobierno presentó un proyecto que naufragó a mediados de 2023 ante el rechazo de la oposición a conceder beneficios judiciales a grupos criminales. Desde entonces, poco se avanzó. Los diálogos de sometimiento quedaron paralizados, con obstáculos de la Fiscalía para levantar órdenes de captura y con constantes quejas de los grupos criminales por la falta de incentivos para participar de los procesos. Esos procesos territoriales todos han fracasado y el gobierno con la frustración de su paz total se ha dejado someter a la extorsión de estos bandidos y sus bandas criminales.
Montealegre defiende este proyecto de ley con esta frase: “Equivocadamente se ha dicho que es un proyecto de ley para favorecer la impunidad. Se equivocan: tiene un mínimo de retribución, de una pena privativa de la libertad”, comentó. Aseguró que se protegerían los derechos de las víctimas y lo definió como “una apuesta por una lucha vehemente contra el narcotráfico”.
La Corte Suprema de Justicia ha cuestionado la falta de deliberación en la preparación del proyecto. Y lo calificó de peligroso.
Pero paralelamente el país fue sacudido con otro anuncio del gobierno. Y es la creación de una zona binacional entre Colombia y Venezuela, en una cuestionada proximidad y relación de nuestro presidente con el dictador del vecino país, Nicolás Maduro. Ya se le olvidó a Petro que su dilecto amigo se robó las elecciones presidenciales.
Esta zona binacional ha recibido toda clase de cuestionamientos de personas tan importantes y serias, como el exembajador en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, quien dijo: “Es una amenaza grave contra nuestra soberanía”. De acuerdo con el también precandidato presidencial, con esa zona binacional “se les dejaron esos territorios a esas organizaciones, en cambio, los colombianos quedan sometidos y sin la posibilidad de hacer uso de sus recursos y su territorio”.
Pinzón aseveró: “si el Gobierno ¿habrá seguido los procedimientos?, ¿Enteraron de esto a las comisiones segundas de Senado y Cámara? ¿Le pidieron opinión al Consejo de Estado?, ¿La Corte Constitucional no tiene una posición clara sobre esto? ¿Cuál fue el punto de vista del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares frente a las consecuencias de poner en riesgo la integridad territorial de Colombia?
Entonces miren. Con este proyecto de ley que contempla rebaja de penas de hasta un 70% y penas de 2 y 3 años y la entrega de una Zona Binacional al lado de Venezuela el panorama que se nos viene es aterrador. Es doblar la cabeza ante los criminales y dejar desamparadas a las comunidades de los territorios donde los estos bandidos son los reyes.
Petro nos entrega a las bandas criminales y traquetas.
