Versiones de prensa internacional han puesto nuevamente en el centro del debate político colombiano al presidente Gustavo Petro, tras reportes que indican que dos figuras del crimen organizado, conocidas como alias ‘Papá Pitufo’ y ‘Pipe Tuluá’, habrían sido mencionadas en investigaciones judiciales adelantadas en Estados Unidos.
De acuerdo con información difundida por medios y replicada en Colombia, fiscales federales en ese país estarían revisando posibles vínculos entre estructuras del narcotráfico y la campaña presidencial de Petro en 2022. Estas indagaciones se desarrollarían en jurisdicciones como Nueva York, incluyendo distritos como Manhattan y Brooklyn, así como en análisis apoyados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
En ese contexto, aparecen los nombres de Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, exlíder de la organización criminal ‘La Inmaculada’ y recientemente extraditado a Estados Unidos, y Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, señalado como presunto articulador de redes de contrabando. Ambos, según las versiones conocidas, podrían estar vinculados a información sobre eventuales aportes ilegales a la campaña presidencial, en lo que ha sido denominado públicamente como el “Pacto de la Picota”.
En el caso de ‘Pipe Tuluá’, reportes indican que antes de su extradición habría asegurado que fue contactado por Juan Fernando Petro, hermano del presidente, durante la campaña electoral. Según esas versiones, el objetivo de dichos acercamientos habría sido discutir posibles beneficios judiciales, como la no extradición, a cambio de apoyo político o financiero. Estas afirmaciones estarían siendo evaluadas por investigadores federales como parte de la recolección de testimonios.
Por su parte, el nombre de ‘Papá Pitufo’ ha sido vinculado a versiones sobre una supuesta entrega de dinero en efectivo a integrantes de la campaña. Sin embargo, dichas versiones también señalan que esos recursos habrían sido posteriormente devueltos, aunque el episodio continúa bajo análisis y verificación por parte de las autoridades.
Las informaciones conocidas hasta ahora coinciden en que se trata de indagaciones preliminares. No existe, hasta el momento, ninguna acusación formal ni notificación oficial contra el presidente Petro por parte de autoridades estadounidenses, lo que mantiene el caso en una fase inicial y sin conclusiones judiciales definitivas.
Desde el Gobierno colombiano, las versiones han sido rechazadas de manera categórica. Funcionarios han señalado que se trata de información no verificada basada en fuentes anónimas, mientras que el propio presidente ha reiterado públicamente que no enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos y que cualquier investigación permitirá esclarecer los hechos.
El caso ha generado un nuevo foco de tensión política y mediática en el país, al reabrir discusiones sobre la financiación de campañas electorales y los posibles vínculos entre actores ilegales y la política. Entretanto, el alcance real de las investigaciones y la validez de los testimonios mencionados continúan siendo materia de análisis por parte de las autoridades estadounidenses.
