La Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá emitió este jueves una decisión trascendental al ordenar medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. La determinación fue adoptada por la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, quien consideró necesaria la privación de la libertad en un establecimiento penitenciario, endureciendo así la petición inicial de detención domiciliaria que había formulado la Fiscalía General de la Nación.
Durante la audiencia, la magistrada argumentó que la gravedad de las conductas imputadas y el riesgo de obstrucción a la justicia justifican la medida intramural. Según la togada, el ente acusador no logró sustentar de manera suficiente por qué una detención en el lugar de residencia sería adecuada frente a la magnitud de los delitos investigados. La decisión marca un giro judicial severo para los exfuncionarios del gobierno Petro, quienes enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
El proceso penal se enmarca en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La hipótesis central de la Fiscalía señala a Bonilla y Velasco como presuntos articuladores de una empresa criminal dedicada a direccionar contratos de la UNGRD y del Instituto Nacional de Vías (Invías). El objetivo de estas maniobras habría sido asegurar el apoyo legislativo de diversos congresistas para las reformas gubernamentales mediante el pago de coimas y la entrega de burocracia.
Las investigaciones se han nutrido de los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la entidad, quienes han colaborado con la justicia entregando detalles sobre las órdenes que habrían recibido desde el alto gobierno. Pese a la contundencia de los señalamientos y la decisión del Tribunal, tanto Ricardo Bonilla como Luis Fernando Velasco se han declarado inocentes, insistiendo en que sus actuaciones se limitaron al cumplimiento de sus funciones ministeriales y negando cualquier participación en el entramado de sobornos.
La orden de traslado a prisión es de cumplimiento inmediato, aunque las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) aún no han confirmado el centro de reclusión específico al que serán enviados los exministros. Esta medida de aseguramiento se mantendrá vigente mientras avanza el juicio, garantizando su comparecencia ante los estrados judiciales en las próximas etapas procesales de uno de los casos de corrupción de mayor impacto político en la historia reciente del país.
