El traslado de nueve cabecillas de bandas criminales al evento presidencial del pasado 21 de junio en Medellín fue una orden directa del presidente Gustavo Petro. Así lo reveló un documento de cuatro páginas firmado por el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, en el que se detallan las instrucciones dadas por la Presidencia de la República en el marco del proceso de paz urbana. La polémica se desató tras la aparición pública de estos jefes delincuenciales durante el denominado «tarimazo», generando cuestionamientos sobre la legalidad y conveniencia de su presencia.
Según el Inpec, los internos fueron designados como voceros oficiales de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá, mediante resoluciones emitidas por el propio Gobierno nacional. La senadora Isabel Cristina Zuleta, delegada presidencial para liderar los acercamientos con estructuras criminales, fue formalmente investida con la facultad de coordinar todas las acciones necesarias para este diálogo. La orden de traslado fue enviada desde un correo oficial de Presidencia apenas dos días antes del evento.
El operativo comenzó el mismo 21 de junio a las 12:35 p. m. desde el centro penitenciario La Paz de Itagüí y fue ejecutado con apoyo de la Policía Nacional. Los reclusos estuvieron custodiados en una carpa individual cercana a la tarima principal hasta las 5:40 p. m., momento en el que, por instrucción directa de Presidencia, se les autorizó subir al escenario. El retorno a la cárcel se realizó esa misma noche, a las 10:10 p. m., de acuerdo con los protocolos establecidos.
Sin embargo, persisten dudas legales. Desde el Concejo de Medellín, figuras como Andrés Tobón y Claudia Carrasquilla cuestionaron que no se haya solicitado autorización judicial para la salida de los cabecillas, como lo establece la norma en casos que no involucren diligencias médicas o judiciales. Carrasquilla agregó que hay inconsistencias en las fechas de las resoluciones que permitieron la salida, sugiriendo posibles irregularidades administrativas por parte del Inpec.
El listado de los internos incluye a reconocidos líderes de estructuras como La Oficina y otras organizaciones de alto impacto en Medellín, entre ellos alias ‘Tom’, ‘Douglas’, ‘Carlos Pesebre’ y ‘Juan 23’, todos con condenas por delitos como homicidio, extorsión, secuestro, desplazamiento forzado y narcotráfico. El Inpec argumenta que el traslado temporal no requiere aval judicial siempre que se garantice la custodia y el regreso al penal, algo que, según el informe, se cumplió estrictamente.
El evento, celebrado en la Plazoleta de La Alpujarra, pretendía ser un gesto simbólico de avance en el proceso de paz urbana impulsado por el Gobierno Petro. No obstante, la decisión de permitir la presencia pública de condenados por crímenes graves ha encendido la controversia política y social, especialmente en Medellín, una ciudad profundamente marcada por la violencia asociada al crimen organizado.
El Gobierno aún no ha ofrecido un pronunciamiento oficial frente a las críticas ni ha aclarado las posibles inconsistencias documentales señaladas por la oposición. Mientras tanto, organizaciones civiles y sectores políticos siguen exigiendo transparencia, legalidad y coherencia en los mecanismos de diálogo con estructuras criminales. La polémica por el “tarimazo” continúa, con consecuencias aún por determinar para la estrategia nacional de paz urbana.
