La renuncia de Luis Óscar Gálvez como interventor de Nueva EPS profundizó este 21 de marzo de 2026 la crisis de la mayor EPS del país, en un momento de alta presión financiera, deterioro en la prestación de servicios y dudas jurídicas sobre el futuro de la entidad. La salida del funcionario fue confirmada por la superintendente de salud ad hoc, Luz María Múnera, quien informó que ya recibió la carta de renuncia, aunque precisó que esta no puede hacerse efectiva de inmediato.
Nueva EPS atiende a más de 11 millones de afiliados, lo que convierte cualquier cambio en su dirección en un asunto de alto impacto para el sistema de salud colombiano. La dimisión de Gálvez se conoce en medio de cuestionamientos sobre su gestión y después de que se informara que el presidente Gustavo Petro habría solicitado su salida, según reportó Caracol Radio.
La entidad permanece intervenida desde abril de 2024 por graves deficiencias financieras, entre ellas la falta de reservas técnicas y de patrimonio adecuado, problemas que, de acuerdo con la información publicada este sábado, aún no han sido resueltos. A ese panorama se suma el empeoramiento del acceso efectivo a los servicios médicos, con pacientes que siguen enfrentando barreras en autorizaciones, tratamientos y atención oportuna.
La salida del interventor añade un nuevo factor de inestabilidad administrativa a una EPS que ya se encontraba en una situación crítica. El relevo, además de reflejar tensiones sobre la conducción del proceso, reabre la discusión sobre una eventual prórroga de la intervención, aunque el propio reporte advierte que el camino legal para extender esa medida no es claro.
El caso adquiere mayor relevancia porque Nueva EPS está próxima a alcanzar el límite legal de la intervención, lo que obliga a tomar decisiones estructurales sobre su viabilidad. Entre los interrogantes que quedan planteados están la magnitud real de la crisis financiera, la existencia de eventuales incumplimientos jurídicos y la necesidad de aplicar una reestructuración de fondo para evitar un mayor deterioro en la atención a millones de usuarios.
La renuncia de Gálvez se produce así en un punto decisivo para el sistema de salud. Más allá del cambio de nombre en la intervención, el episodio expone que la crisis de Nueva EPS sigue abierta y que las autoridades deberán definir en el corto plazo si la entidad puede recuperar estabilidad operativa y financiera o si será necesario adoptar medidas más profundas para garantizar la continuidad del servicio.
