El reciente escándalo político en Colombia ha sacudido al gobierno del presidente Gustavo Petro, tras la revelación de audios en los que el excanciller Álvaro Leyva supuestamente trama un plan para destituir al mandatario. Las grabaciones, divulgadas por el diario español El País, muestran a Leyva buscando apoyo en Estados Unidos para remover a Petro del poder, alegando que el presidente sufre de problemas de drogadicción y no está capacitado para gobernar.
La respuesta del petrismo ha sido contundente. Diversos miembros del gobierno y aliados políticos han expresado su solidaridad con Petro y han condenado enérgicamente las acciones de Leyva. La canciller Laura Sarabia calificó al excanciller de «ruin y miserable», mientras que el exdirector del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, lo acusó de ser «delictivo» y de atentar contra la nación.
La senadora María José Pizarro solicitó a la Fiscalía General de la Nación que investigue a Leyva por instigación a un golpe de Estado y por vulnerar el orden constitucional. Por su parte, la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, calificó el plan de Leyva como «delirante» y motivado por su frustración por no haber podido permanecer en el gobierno.
Además, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, condenó las acciones de Leyva y exigió a la vicepresidenta Francia Márquez que aclare su posible participación en el plan. Diana Morales, designada ministra de Comercio, también expresó su rechazo, calificando el intento de golpe como una «afrenta a la soberanía, al mandato popular y al orden constitucional».
Este episodio ha exacerbado las tensiones internas en el gobierno de Petro, evidenciando fracturas en el petrismo y cuestionamientos sobre la estabilidad política del país. Mientras tanto, el excanciller Leyva ha negado las acusaciones y se encuentra en Madrid por razones de seguridad.
