El presidente Gustavo Petro anunció recientemente que las concesiones viales que lleguen a su término no serán prorrogadas, sino que revertirán al Estado, es decir, pasarán a ser administradas por el Gobierno nacional. Este cambio supone un modelo radical respecto a los contratos privados vigentes y plantea efectos directos sobre el sistema de peajes en el país.
En ese contexto, Petro advirtió que los peajes deberían servir únicamente para financiar el mantenimiento de las vías, y anunció que se evaluará tanto una reducción drástica de sus costos como la posible eliminación de algunos puestos de cobro, tal como ocurre en experiencias europeas. Adicionalmente, aseguró que “el costo de los peajes disminuirá en el país”, al pasar la administración a manos del Estado.
Esta transformación generaría varias consecuencias directas. Una de las principales es la reducción de los incentivos financieros de los operadores privados, quienes diseñaban los peajes no sólo para cubrir costos, sino también para obtener utilidades. Bajo la administración pública, los ingresos recaudados estarían destinados exclusivamente a cubrir operación, mantenimiento y futuras intervenciones en infraestructura vial.
Además, según datos del Ministerio de Transporte, el costo promedio de un peaje para un vehículo liviano en 2024 oscilaba entre 10.000 y 20.000 pesos, mientras que los vehículos de carga podían pagar hasta 80.000 pesos por punto de control. Bajo el nuevo modelo estatal, se espera una reducción sustancial de estos montos, lo que aliviaría el gasto directo a transportadores, compradores y usuarios frecuentes de las carreteras.
No obstante, la implementación de este nuevo modelo estatal enfrenta desafíos importantes. El Instituto Nacional de Vías (Invías), aunque cuenta con experiencia, no siempre ha garantizado la eficiencia en operación y mantenimiento de corredores viales, según diversos análisis. El Gobierno deberá diseñar un esquema transparente, con participación ciudadana y controles anticorrupción, para asegurar que los recursos públicos se empleen de forma eficaz.
En síntesis, si el Estado asume la administración de las concesiones que vencen, los peajes podrían reducirse o eliminarse en algunos puntos, al alinearse con su verdadera función vial: financiar el mantenimiento de las carreteras. Esta política representa una apuesta por priorizar el interés público sobre las ganancias privadas, aunque su éxito dependerá de la capacidad institucional del Estado para gestionar infraestructuras estratégicas con eficiencia y transparencia.
El impacto inmediato sería una presión a la baja en las tarifas, mientras que, en la mediana y larga plazo, el modelo determinará el estado de conservación de la red vial nacional y su sostenibilidad financiera.
