En medio del nuevo escándalo que se encuentra enfrentando el Gobierno Petro, luego de que este fin de semana se diera a conocer un mensaje del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en el que advertía de una presunta interceptación ilegal de sus comunicaciones, Presidencia anunció que abrirá una investigación interna sobre este caso.
En horas de la mañana de este lunes, 24 de junio, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en cabeza de Laura Sarabia, decidió abrir investigación interna a oficinas en Casa de Nariño, ante las acusaciones de supuestas interceptaciones a magistrados, opositores y periodistas.
“Desde que se hicieron públicas las denuncias sobre una supuesta operación de perfilamientos e interceptaciones, se solicitó una investigación a control interno y a control interno disciplinario de la entidad con el objetivo de determinar circunstancias irregulares en los procesos y procedimientos que correspondan a las oficinas de Secretaría para las Comunicaciones y Prensa, y la Dirección de Tecnología de la Presidencia de la República”, dice el comunicado.
Las presuntas “chuzadas” se dieron a conocer públicamente por el magistrado Ibáñez, quien advirtió a sus contactos de WhatsApp que su teléfono estaba siendo intervenido por los órganos de inteligencia del Estado e incluso dio detalles de este tema a Revista Semana.
Además, se reveló que el pasado 19 de junio, algunos magistrados de la Corte Constitucional se reunieron con la fiscal Luz Adriana Camargo, para entregarle una carta en la que denuncian las interceptaciones. Ante la gravedad de estas acusaciones, la fiscal se pronunció asegurando que ya ordenó a la Fiscalía abrir una investigación para esclarecer los hechos.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció desde su cuenta de X, asegurando que su gobierno “no hace lo que si hicieron otros en el pasado”.
“Es crucial aclarar que las actividades de la Dirección de Tecnología y la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa no incluyen prácticas como perfilamiento, seguimiento ni interceptación, todas ellas absolutamente condenables en una democracia. Este Gobierno ha sido víctima en el pasado de tales actividades y se opone firmemente a ellas. El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en que este tipo de hechos no son permitidos, son totalmente ilegales y cualquier funcionario que se vea involucrado en alguna de estas prácticas deberá responder ante la justicia”, agrega el comunicado del DAPRE.
