El presidente Gustavo Petro instruyó el pasado viernes 15 de agosto al ministro de las TIC, Julián Molina, iniciar un proceso de licitación para operar el Canal 1, lo que ha generado gran preocupación en sectores políticos y mediáticos. Según el mandatario, el objetivo es transformar la señal en un espacio dedicado a las “juventudes, el arte y la cultura”, alejándose de lo que llama la «influencia de grandes grupos económicos».
La orden presidencial ocurre pese a que la concesión actual, otorgada a Plural Comunicaciones tras la licitación de 2016 y firmada en 2017, tiene vigencia legal hasta mayo de 2037, de acuerdo con la normativa vigente y el contrato en curso. Esta discrepancia entre la afirmación de Petro —quien menciona que la concesión vence en 2027— y el marco legal oficial ha avivado la tensión jurídica y política.
Plural Comunicaciones y la Superintendencia de Sociedades han defendido la legalidad del contrato y negado cualquier incumplimiento, en respuesta a las insinuaciones del Gobierno sobre supuestas irregularidades. Por su parte, el canal, a través de su presidente Ramiro Avendaño, ha calificado la decisión como un acto de “matoneo” y “expropiación”, advirtiendo que representa una amenaza directa a la libertad de prensa y al pluralismo informativo.
La crítica no se restringe al entorno de Plural: periodistas, empresarios y gremios como Fenalco han rechazado firmemente la orden presidencial. Consideran que pretende debilitar un medio independiente y plural que actualmente llega a más de 13 millones de espectadores al mes, con una presencia robusta en redes sociales y reconocida en el ámbito informativo.
Además, sectores opositores como el Centro Democrático han calificado la medida como típica de regímenes autoritarios, alertando sobre el posible uso del canal como vehículo de propaganda oficial. Señalan también los riesgos financieros derivados de una eventual demanda millonaria contra el Estado por vulneración de los derechos adquiridos.
La situación ha generado expectativa acerca del accionar del Ministerio de las TIC frente a esta orden ejecutada desde el máximo nivel del Ejecutivo. El choque entre legalidad contractual y voluntad presidencial anticipa una batalla jurídica intensa, mientras crece la preocupación ciudadana por la independencia de los medios de comunicación y la estabilidad jurídica en el sector televisivo.
