El presidente Gustavo Petro anunció durante el consejo de ministros del 24 de junio de 2025 que no renovará el contrato con Thomas Greg & Sons para la elaboración de pasaportes colombianos, tras calificar la licitación como “fraudulenta” y desautorizar así a la Cancillería, que pretendía extender el vínculo empresarial mediante urgencia manifiesta.
La firma británica lleva casi dos décadas encargada de la impresión de pasaportes en el país, y la Cancillería, bajo la dirección de Laura Sarabia, había gestionado una prórroga por 11 meses debido a demoras en la transición hacia un modelo público gestionado por la Imprenta Nacional y apoyado por la Casa de la Moneda de Portugal. Ese plan contemplaba que a partir de septiembre de 2025 el diseño, impresión y base de datos quedarían bajo posesión estatal, aunque Petro decidió vetar la renovación argumentando irregularidades en el proceso licitatorio.
El mandatario responsabilizó además al excanciller Álvaro Leyva por propiciar una licitación irregular que terminó en sanción disciplinaria por parte de la Procuraduría, y advirtió que Leyva ahora busca “vengarse” con “cartas tontas”. La baja presencia de la canciller Sarabia en esa reunión presidencial evidenció las tensiones internas frente a este tema.
Con la derogación de la prórroga, se establece un plazo hasta 31 de julio de 2026 para que la Imprenta Nacional asuma la producción de pasaportes, de lo contrario se deberá convocar una nueva licitación pública.. Aunque Thomas Greg & Sons, había desistido recientemente de una demanda por 117.000 millones de pesos tras la declaratoria de licitación desierta en 2023, su continuidad temporal no garantiza una solución definitiva al cambio de modelo.