En una explosiva alocución presidencial y Consejo de Ministros televisado que ha fracturado la escena política y económica del país, el presidente Gustavo Petro denunció una “traición” por parte de la mayoría de su gabinete, rechazó la propuesta de presupuesto para 2026 y anunció drásticas medidas, incluyendo una ofensiva legal contra el grupo Keralty y la orden de restringir las inversiones de los fondos de pensiones en el exterior. La alocución, cargada de señalamientos directos, augura un inminente remezón ministerial y abre frentes de conflicto de gran calado.
El punto más álgido de la jornada fue la acusación directa del mandatario a su propio equipo de gobierno. «No voy a pasar mi último año de gobierno con funcionarios que no respeten el mandato popular», advirtió Petro, tras afirmar que se siente traicionado. “La mayoría de mis ministros y ministras me ha traicionado en este gobierno”, sentenció, mencionando explícitamente a su exministro de Educación, Alejandro Gaviria, como un precedente. Esta declaración pública de ruptura anticipa una inevitable reorganización del gabinete para el último tramo de su administración.
En el frente económico, el presidente se negó a firmar el borrador del presupuesto para 2026, proyectado por el ministro Germán Ávila en $551,6 billones, por no estar alineado con su plan de inversión social. Petro condicionó la estabilidad fiscal a una nueva ley de financiamiento (reforma tributaria), advirtiendo que, de lo contrario, “la financiación se llama deuda”. El anuncio más contundente fue la orden directa al Ministro de Hacienda para que derogue el decreto que permite a las AFP invertir en el extranjero. “Si se llevan los ahorros de los trabajadores, ¿qué se va a invertir en Colombia?”, cuestionó, exigiendo que esos recursos se queden en el país para dinamizar la economía.
El sector salud fue otro epicentro de la crisis. El presidente lanzó graves señalamientos contra el grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, afirmando que su propietario habría financiado campañas ilegalmente con dineros foráneos. “El dueño de Keralty es un criminal en Colombia. Debe irse. Así me toque hablar con el rey de España”, declaró, mientras solicitaba a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, abrir una investigación penal. Además, desestimó el informe de la Contraloría sobre la deuda de las EPS ($32,9 billones), asegurando que la cifra real supera los $100 billones y calificando la situación como “un robo”.
En su defensa de las intervenciones forzosas a varias EPS, el jefe de Estado aseguró que estas han logrado reducir en $707.000 millones las deudas con el sistema hospitalario, mientras que las entidades no intervenidas, según él, habrían duplicado sus obligaciones pendientes. Esta defensa se enmarca en su profunda crítica al modelo de aseguramiento privado, que ha sido un pilar de su discurso y de su fallida reforma en el Congreso.
Las reacciones a esta cadena de anuncios no se han hecho esperar. Keralty ya ha comunicado que emprenderá acciones legales frente a las acusaciones del mandatario. Los gremios financieros y la oposición política alertan sobre la grave inseguridad jurídica y el riesgo para los ahorros de los colombianos. El país queda ahora a la expectativa del alcance del remezón ministerial y de las consecuencias económicas que traerá el pulso del presidente con su gabinete, el sector financiero y el sistema de salud.
