El presidente Gustavo Petro confirmó desde Santa Marta que Colombia firmó un convenio con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional para producir y personalizar pasaportes, libretas y etiquetas de visa a partir del 1 de septiembre de 2025, fortaleciendo la soberanía tecnológica del país.
A pesar de anunciar que no habría una nueva extensión, el Gobierno decidió prorrogar el contrato con Thomas Greg & Sons por siete meses más, hasta abril de 2026, garantizando la continuidad del servicio durante la transición operativa.
Petro justificó la salida de Thomas Greg afirmando que no se trataba de un capricho, sino de recuperar el control de datos sensibles. Criticó con dureza a la Imprenta Nacional por carecer de equipamiento técnico y calificó su situación como “una tristeza”.
El jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, explicó que el periodo adicional permitirá consolidar el nuevo modelo respaldado por Portugal, y aseguró: «Colombia jamás se quedará sin pasaporte; seremos productores para las naciones».
Entidades de control como la Contraloría y sindicatos de la Imprenta Nacional alertaron sobre posibles riesgos de incumplimiento del servicio, debido a la falta de capacidad técnica antes del 1 de septiembre y al hecho de no haber firmado contratos concretos con la Imprenta como ejecutora del nuevo esquema.
La ex canciller Laura Sarabia afirmó que el convenio con Portugal refleja la hoja de ruta planteada durante su administración y que “el tiempo le dio la razón”. Saade desmintió sus afirmaciones, asegurando que su gestión fue la que finalmente materializó el acuerdo.
La Procuraduría abrió investigaciones disciplinarias contra Sarabia, Luis Gilberto Murillo y Alfredo Saade por presuntas irregularidades en el manejo del proceso documental, incluyendo el uso de la figura de urgencia manifiesta y decisiones autónomas de Saade sobre citas y contratación.
La implementación dependerá de que la Imprenta Nacional adquiera equipamiento y capacidad operativa durante los próximos meses. La clave será evitar interrupciones al servicio sin sacrificar respaldo institucional ni datos de los ciudadanos. El éxito del proyecto marcará una transición de sistema privatizado hacia un modelo público estratégico para Colombia.
