El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza frente a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender provisionalmente a Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad. A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario calificó la medida como “innecesaria” y “homofóbica”, y defendió el derecho de su funcionario a identificarse como persona de género fluido.
“Es una medida homofóbica, el debate es importante, pero desconoce el derecho a ser persona, va de frente contra la libertad humana”, expresó Petro, al advertir que la determinación judicial constituye un retroceso en las discusiones que el país ya había avanzado sobre identidad de género.
El jefe de Estado insistió en que la libertad personal es un principio esencial de su proyecto político: “Si una persona siente que es hombre o mujer, lo dice esa persona. Ese es su derecho y nadie, absolutamente nadie, puede obligar a lo contrario, ni juez, ni policía, ni padre, ni sociedad, ni Estado”.
Petro también aseguró que su gabinete cumple con la Ley de Cuotas, incluso considerando la identidad de Florián en distintas formas. “Es innecesaria la medida porque desde hace semanas, aún cualquiera sea el concepto legal sobre qué es Juan Florián, hay paridad de género en mi gabinete. Con Juan siendo hombre o mujer, o ambas cosas, hay paridad en mi gabinete”, recalcó.
El presidente agregó que la suspensión desconoce la pluralidad de su gobierno, al que definió como “socialista democrático y liberal de verdad”, e incluso comparó la medida con prácticas de esclavitud. “La persona es libre y sabemos que debe desarrollarse libremente; si no, volvemos a la esclavitud, no se puede permitir la esclavitud de nuevo”, enfatizó.
La controversia surge en medio de los recientes ajustes en el gabinete, como la designación de Gloria Patricia Perdomo como ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, nombramiento que refuerza la representación femenina. Sin embargo, Petro centró su mensaje en respaldar públicamente a Florián y cuestionar la actuación del tribunal, a la que acusó de limitar la autodeterminación y desconocer avances en derechos de género en Colombia.
