El debate político en Colombia se intensificó luego de que el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, denunciara una supuesta persecución política en su contra y anunciara que acudirá a instancias internacionales para defender sus derechos. La respuesta del uribismo no se hizo esperar, luego de que dirigentes del Centro Democrático aseguraran que el nombre del senador sí aparece en los archivos incautados al exjefe guerrillero de las FARC, Raúl Reyes.
La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se pronunció frente a las declaraciones de Cepeda y afirmó que la información relacionada con esos archivos hace parte de investigaciones conocidas públicamente desde hace varios años. Según la dirigente política, estos documentos han sido analizados por autoridades judiciales en el pasado, en medio de múltiples procesos derivados de la operación militar que en 2008 permitió recuperar los computadores del entonces comandante insurgente.
La controversia surgió luego de que Cepeda señalara que existe una campaña para desacreditar su candidatura y anunció que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que se vulneran sus garantías políticas. El senador ha sostenido que se trata de una estrategia para afectar su aspiración en medio del actual calendario electoral y del ambiente de polarización política que vive el país.
Desde el uribismo, voceros insistieron en que sus pronunciamientos responden a hechos que, según afirman, han sido objeto de debate público y judicial. La colectividad aseguró que su posición busca responder a lo que consideran afirmaciones de persecución sin fundamento, en un contexto electoral marcado por la confrontación entre sectores políticos opuestos.
Este nuevo cruce de declaraciones ocurre en medio de la campaña electoral hacia las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, en las que distintos candidatos han elevado el tono del debate político. La discusión sobre los archivos de Raúl Reyes ha sido recurrente en el escenario público colombiano, debido a su impacto en investigaciones judiciales y controversias políticas desde su incautación hace más de una década.
