La candidata Paloma Valencia ha denunciado un presunto uso ineficiente de recursos públicos en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), señalando gastos que superarían los 4.000 millones de pesos en desplazamientos aéreos. Según la denuncia presentada este 2 de febrero de 2026, mientras el Gobierno Nacional promueve una narrativa de austeridad y plantea incrementos tributarios, altos directivos de la entidad habrían optado por servicios de aviación privada para evitar las dinámicas de los vuelos comerciales convencionales.
La base de la acusación se centra en un contrato suscrito el 13 de junio de 2025 con la firma Recio Turismo S.A. para el suministro de tiquetes. Este compromiso, que inició con un valor de 3.024 millones de pesos, alcanzó los 4.536 millones de pesos tras una adición presupuestal realizada en diciembre del mismo año. Dentro de este marco contractual, se habrían pagado vuelos chárter que suman más de 179 millones de pesos, incluso en rutas donde la oferta de aviación comercial es constante y más económica.
Entre los casos específicos señalados por Valencia destaca un vuelo chárter en la ruta Bogotá-Aguachica para nueve funcionarios con un costo de 21 millones de pesos. Al contrastar esta cifra con el valor de un tiquete comercial para el mismo trayecto, estimado en 516.822 pesos por persona, la diferencia de gasto supera los 16 millones de pesos. Otro ejemplo citado es un desplazamiento privado Bogotá-Puerto Berrío-Bogotá para el director de la ANT y su esquema de seguridad por 26 millones de pesos, a pesar de existir alternativas terrestres o vuelos comerciales vía Medellín con costos significativamente inferiores.
La senadora subrayó que la ANT posee un contrato de transporte terrestre vigente desde junio de 2025 por un valor de 10.951 millones de pesos, con disponibilidad total en el territorio nacional. Para la denunciante, contar con este servicio hace injustificable la contratación de vuelos privados adicionales. La crítica se extiende a la logística institucional, sugiriendo una desconexión entre las necesidades operativas de la agencia y la ejecución de su presupuesto de funcionamiento.
Además de los gastos en transporte, la denuncia incluye la entrega directa de un contrato por 25.000 millones de pesos al Canal 13 el pasado 28 de enero de 2026. Este acuerdo, destinado a la realización de eventos, se habría efectuado sin un proceso de licitación pública y excluyendo la participación de empresas privadas del sector. Valencia sostiene que estas prácticas de contratación directa y el gasto desmedido en comodidades para funcionarios configuran un escenario de despilfarro que afecta la viabilidad del presupuesto estatal.
La Agencia Nacional de Tierras no ha emitido una respuesta oficial detallada ante estos señalamientos que ponen en duda la transparencia y la eficiencia en el manejo de sus fondos. La situación ha generado un debate sobre la vigilancia de los recursos en las entidades descentralizadas, en un contexto donde la opinión pública exige mayor rigor en la administración de los impuestos destinados a la reforma agraria y el desarrollo rural.
