La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia reaccionó con contundencia a las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien aseguró que el Gobierno mantendrá en marcha el decreto del modelo de salud preventivo, pese a los fallos judiciales que ordenaron suspenderlo.
En una publicación de X (antes Twitter), Valencia calificó la decisión del ministro como un acto de desacato y abuso de poder, advirtiendo que el Ejecutivo estaría desobedeciendo la orden del Consejo de Estado.
“#ATENCIÓN El Ministro de Salud plantea desacatar la orden del Consejo de Estado de suspender de inmediato el nuevo modelo de salud. Quisieron saltarse al Congreso e implementar por decreto la reforma a la salud. Por eso quieren acabar la Constitución de 1991: no quieren que nadie los controle ni detenga sus arbitrariedades”, escribió la congresista.
La senadora, del partido Centro Democrático, cuestionó que el Gobierno intente imponer por decreto una reforma que el Congreso no ha aprobado, señalando que el Decreto 0858 del 30 de julio de 2025 sustituye funciones esenciales del sistema de salud sin competencia legal.
Según Valencia, la norma le quita a las EPS sus funciones de afiliación y aseguramiento para entregárselas a las IPS y obliga a alcaldías y gobernaciones a crear redes de atención sin coordinación con las aseguradoras, lo que calificó como “un cheque en blanco para gastar sin control”.
La congresista advirtió que, de continuar con la implementación del decreto suspendido, el Ministerio de Salud incurriría en una extralimitación de funciones que debería ser investigada por la Procuraduría General de la Nación.
“Las órdenes judiciales se deben cumplir, así no sean del agrado del Gobierno. Si el Ministerio implementa un decreto suspendido, la Procuraduría debe actuar de inmediato para sancionar a un funcionario que quiere pasar por encima de las Cortes”, afirmó en otro mensaje.
El ministro Jaramillo, por su parte, defendió su postura afirmando que el decreto está amparado por la ley y que su aplicación responde al mandato del Plan Nacional de Desarrollo, orientado a fortalecer el modelo de atención primaria.
“Seguiremos adelante con el decreto porque la ley nos lo permite”, dijo el funcionario, en declaraciones publicadas por El Tiempo el pasado 5 de noviembre.
El pulso entre el Ministerio de Salud y la senadora Valencia revive el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia sanitaria. Mientras el Gobierno insiste en avanzar con su modelo preventivo, los sectores de oposición advierten que hacerlo sin aval del Congreso rompe el equilibrio de poderes y vulnera la Constitución de 1991.
La discusión sigue abierta, y el futuro del decreto 0858 dependerá de las decisiones judiciales y de la presión política que continúe ejerciendo la oposición en el Congreso.
