El Tribunal Administrativo de Antioquia emitió un fallo sin precedentes que obliga al Gobierno Nacional y a las EPS intervenidas a saldar en un plazo máximo de treinta días las deudas pendientes con hospitales públicos y privados de Medellín. Esta decisión se produjo como resultado de una acción popular interpuesta por la Alcaldía de Medellín, liderada por el alcalde Federico Gutiérrez, y tiene como objetivo garantizar el flujo de recursos para mantener la operatividad del sistema de salud.
En su resolución, la Sala Unitaria del Tribunal ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), la Superintendencia Nacional de Salud y las EPS intervenidas —como Coosalud, Sanitas, Nueva EPS y Savia Salud— a realizar todas las gestiones necesarias para sanear la cartera acreditada a favor de las instituciones prestadoras de salud (IPS) en un término de 30 días contados a partir de la notificación.
El alcalde de Medellín destacó que este fallo representa una decisión histórica en respuesta a la crisis del sistema de salud, que él atribuye a una “asfixia financiera” causada por las políticas del actual Gobierno. Según la Alcaldía, algunos hospitales de la ciudad estaban recibiendo apenas el 6 % de los recursos adeudados, lo que ponía en riesgo el derecho a la salud y la vida de la población.
El origen de esta medida cautelar se remonta a la acción popular presentada el 30 de mayo y admitida el 4 de junio, en la que se aportaron pruebas sobre la demora en los pagos, el cierre de servicios, retrasos en salarios, fallas en la entrega de medicamentos y saturación de urgencias. La Contraloría General de la República también alertó que, a diciembre de 2024, la deuda acumulada por servicios de salud alcanzaba los 32,9 billones de pesos, de los cuales 24,4 billones correspondían a EPS intervenidas. Según el Tribunal, esta falta de pago causaba un daño real e inminente a la prestación de servicios de salud.
La medida antepone el derecho a la salud colectiva y exige que se garantice de inmediato la liquidez de las IPS, para evitar un colapso del sistema asistencial. Esta intervención judicial recibe el respaldo de varios gremios, entidades públicas y privadas del sector salud, que se unieron a la demanda. Además, la Alcaldía de Medellín destinó más de 200 000 millones de pesos durante 2024 para sostener la red hospitalaria local.
El fallo tiene implicaciones nacionales, ya que el Gobierno puede apelar, lo que definiría si esta resolución es definitiva o temporal. No obstante, durante estos 30 días las autoridades deberán actuar con diligencia para restablecer los pagos y evitar el debilitamiento del sistema de salud, cuyos efectos impactan directamente en millones de colombianos.
Este fallo marca un precedente en la protección judicial del derecho a la salud y envía una señal clara sobre la responsabilidad del Estado y las EPS en garantizar la continuidad operativa de las IPS. En un contexto de crisis financiera acumulada, el cumplimiento efectivo del tribunal será decisivo para contener el deterioro de la atención médica en el país.
