La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional anunciaron una ofensiva judicial y operativa con millonarias recompensas para lograr la captura de varios cabecillas de la estructura armada ilegal conocida como la Segunda Marquetalia, señalados de estar detrás del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
De acuerdo con las autoridades, se ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a alias ‘Iván Márquez’, uno de los principales líderes de esta disidencia de las antiguas FARC. Asimismo, se fijaron recompensas de hasta 4.000 millones de pesos por alias ‘John 40’ y alias ‘Zarco Aldinever’, también identificados como figuras clave dentro de la organización criminal.
El anuncio fue realizado en el marco de las investigaciones por el homicidio de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en Bogotá. Según los avances del proceso judicial, los señalados cabecillas habrían tenido participación directa o indirecta en la planeación y ejecución del crimen.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, indicó que las indagaciones apuntan a que el asesinato tendría un trasfondo político. De acuerdo con la jefe del ente acusador, el objetivo del ataque habría sido generar un impacto en la estabilidad democrática del país, lo que elevó la prioridad del caso a nivel nacional.
Las autoridades también dieron a conocer el cartel de los más buscados, en el que aparecen otros presuntos integrantes de la Segunda Marquetalia vinculados a esta investigación. Entre ellos figura alias ‘Yako’, quien sería un posible enlace dentro de la estructura y habría cumplido un papel relevante en la articulación de acciones criminales.
La Segunda Marquetalia es una organización armada ilegal conformada por exintegrantes de las FARC que retomaron las armas tras el acuerdo de paz firmado en 2016. Desde entonces, ha sido señalada de participar en actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión y ataques contra la fuerza pública y líderes políticos.
La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita ubicar a los responsables, garantizando absoluta reserva. Las autoridades aseguraron que continúan trabajando de manera coordinada para esclarecer completamente los hechos, identificar a todos los implicados y llevarlos ante la justicia.
El caso ha generado alta preocupación en el país, no solo por la magnitud del crimen, sino por sus posibles implicaciones en el escenario político y de seguridad, en un contexto marcado por la persistencia de grupos armados ilegales y los desafíos para la consolidación de la paz.
