La tarde del sábado 7 de junio, Colombia volvió a estremecerse ante un nuevo hecho de violencia política. El precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, de 38 años y uno de los rostros más visibles de la oposición al gobierno de Gustavo Petro, fue víctima de un atentado a tiros en plena vía pública mientras se dirigía a un grupo de simpatizantes en el parque de Modelia, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.
Según versiones preliminares, un hombre se aproximó por la espalda y le disparó a corta distancia, al parecer en la cabeza. Testigos aseguran que Uribe Turbay cayó al suelo con el rostro y la espalda cubiertos de sangre. El impacto del ataque paralizó por instantes el evento político y desató una ola de pánico entre los presentes.
Una ambulancia que circulaba por la zona auxilió al dirigente del partido Centro Democrático, trasladándolo de urgencia al Medical Center de Engativá, donde fue ingresado directamente a cirugía. Hasta el momento, su estado de salud es reservado y no se ha emitido un parte médico oficial.
El atentado no solo ha encendido las alarmas sobre la creciente inseguridad en el país, sino que también ha remecido el tablero político, justo cuando se definen las precandidaturas presidenciales para las elecciones de 2026.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático, calificó el ataque como “un atentado contra la democracia” y exigió al gobierno resultados inmediatos. Varios líderes de todas las corrientes políticas expresaron su repudio al hecho, llamaron a la unidad nacional y solicitaron al Ejecutivo reforzar las garantías para todos los aspirantes, sin distinción de ideología.
En lo que va de 2025, este sería el tercer caso registrado de aspirantes heridos o amenazados, un panorama que preocupa a organismos de derechos humanos y veedores internacionales.
La Policía Metropolitana de Bogotá activó un plan candado en el occidente de la ciudad, mientras se despliega un operativo de búsqueda del agresor. Hasta ahora, no se ha confirmado su identidad ni los posibles móviles del ataque.
La Fiscalía General de la Nación asignó un grupo especial de homicidios y antiterrorismo para asumir la investigación, al tiempo que equipos forenses trabajan en la recolección de evidencia balística y la revisión de cámaras de seguridad del sector.
El alcalde encargado de Bogotá, así como el ministro de Defensa, han asegurado que se dará prioridad al esclarecimiento de los hechos y se reforzará la seguridad de todos los precandidatos presidenciales que ya han iniciado actividades públicas en el país.
Miguel Uribe Turbay, exsecretario de Gobierno de Bogotá y senador desde 2022, lidera las encuestas internas del Centro Democrático para definir al candidato único de la colectividad, proceso que está previsto para el mes de junio. Su discurso ha girado en torno a dos pilares: la seguridad ciudadana y la reactivación económica, temas que ha llevado en giras por el Caribe y el Eje Cafetero, donde ya había denunciado presiones e intimidaciones contra su equipo.
El ataque se produce en un momento clave para el uribismo, a tan solo días del primer foro regional entre precandidatos que buscarían marcar distancia en la contienda interna. La gravedad del hecho podría reconfigurar el escenario político y alterar tanto la dinámica de campaña como el cronograma de debates.
El atentado revive uno de los fantasmas más dolorosos de la historia personal y política del precandidato: su madre, la periodista Diana Turbay, fue asesinada en 1991 durante un fallido rescate mientras permanecía secuestrada por los Extraditables de Pablo Escobar. Miguel, entonces un niño de cinco años, creció en medio de una narrativa marcada por el dolor, el compromiso público y la lucha contra el crimen organizado.
Ahora, como figura emergente de la oposición y posible candidato presidencial, enfrenta en carne propia otra expresión de violencia que amenaza el derecho de todos los colombianos a elegir y ser elegidos en libertad.
Mientras la ciudadanía permanece en vilo esperando noticias sobre su estado de salud, el gobierno nacional ha comenzado a trabajar en la implementación de un nuevo protocolo de seguridad electoral, que buscará blindar las actividades públicas de todos los aspirantes en la antesala de una campaña que formalmente comenzará en agosto.
Analistas advierten que este hecho marcará un punto de inflexión en la contienda y podría incidir directamente en la percepción de los votantes sobre los temas de orden público, gobernabilidad y liderazgo.
