Por: Aldrin García Balvin – Director de Totus Noticias
El frenón en seco al decreto del salario mínimo por parte del Consejo de Estado nos conlleva a hacer varios análisis de fondo. No es un simple trámite jurídico. Es una señal política, económica y social que abre preguntas sobre la manera en que se están tomando decisiones que impactan a millones de colombianos.
Primero, el contexto. El salario mínimo para 2026 había sido fijado en $1.750.905 más $249.095 de auxilio de transporte, es decir, cerca de 2 millones de pesos mensuales para el trabajador. Un aumento histórico. Para el empleado, la noticia era positiva: mayor poder adquisitivo, más capacidad para enfrentar el costo de vida y un ingreso que intenta acercarse a la realidad económica del país.
Segundo análisis: la sostenibilidad. Ese salario no es solo lo que recibe el trabajador. Para el empleador, el costo real puede superar los 2 millones 600 mil pesos por empleado, al sumar seguridad social, prestaciones y aportes obligatorios. En un país donde el impuesto de renta empresarial es del 35 %, más ICA municipal, 4×1000 y otras cargas, el peso sobre micro y pequeñas empresas es considerable.
Tercer punto: el mensaje institucional. Cuando la justicia suspende un decreto de esta magnitud, deja claro que las decisiones económicas deben estar respaldadas por fundamentos técnicos sólidos. No basta la intención política ni el impacto mediático. Las cifras deben cuadrar y el marco legal debe respetarse.
Cuarto análisis: el riesgo económico. Un salario más alto dinamiza el consumo y puede impulsar la economía desde la base. Pero si las cargas laborales y tributarias no se ajustan, el efecto puede ser el contrario: menos contratación formal, más informalidad y mayor presión sobre negocios que ya operan con márgenes reducidos.
El debate real no debería centrarse únicamente en cuánto debe subir el salario mínimo. Debería ampliarse hacia la estructura completa del sistema: impuestos, parafiscales, incentivos a la formalización y políticas que permitan que el aumento sea sostenible en el tiempo.
Más salario es justo y necesario. Pero también lo es garantizar que quien genera empleo pueda sostenerlo. El equilibrio entre protección al trabajador y viabilidad empresarial no es un discurso intermedio; es una necesidad económica.
La suspensión del decreto no es solo un freno jurídico. Es una oportunidad para repensar el modelo. Si el país logra combinar mejores ingresos con una estructura tributaria más razonable, el salario mínimo puede convertirse en un verdadero motor de crecimiento y no en una fuente de incertidumbre.
