Por: Héctor Hoyos Vélez
El levantamiento del pueblo colombiano contra el gobierno de los bandidos que atentaron contra el Senador Miguel Uribe y condenaron al Presidente Uribe, comenzó con las marchas multitudinarias del 7 de agosto. En ellas se manifestó el repudio a la utilización del sistema judicial para perseguir a la oposición democrática, y fue también una advertencia a los tribunales de justicia.
1Así como las instituciones han resistido los ataques del presidente contra la Constitución y la independencia de los poderes públicos, así el Tribunal de Cundinamarca está en la obligación de actuar en derecho, con total respeto al debido proceso y a los derechos humanos del Presidente Uribe, y conforme con la intensidad y la celeridad con que han abocado ese proceso, para que sirva de ejemplo para quienes tienen a cargo los procesos de los políticos corruptos, en la fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia, y del presidente del Pacto de la Picota en la Comisión de Acusaciones.
Los magistrados deben cuidarse de no implantar la justicia ideológica liberticida de estados criminales al servicio de la policía secreta del régimen del terror, como las famosas Gestapo y SS nazis, KGB rusa y G2 cubano. ¡Ya pueden evidenciar que Colombia no se somete!.
De otro lado, el clamor por la justicia contra los criminales que someten al pueblo venezolano, ha comenzado a recibir respuestas decisivas del gobierno de los Estados Unidos, con toda la determinación de derribarlos y perseguir a sus aliados.
Debe haber justicia contra bandidos como Santos, Cepeda, y el minjusticia fariano Montealegre, artífices de la impunidad al narco terrorismo, igual que contra el Presidente que pactó con el cartel de los soles la zona binacional y se apresura a proteger a los grupos narco terroristas que ya son objetivo militar de las fuerzas del pentágono.
Al fin comienza a brillar la luz del bien y de la justicia para Colombia y Venezuela.
¡Uribe es inocente!,
¡Fuerza Miguel!,
¡Todos unidos contra los bandidos!
