En El Plateado, Cauca, la Fiscalía colombiana ordenó la liberación de 16 de los 35 adultos capturados por su presunta participación en el secuestro de 57 miembros del Ejército. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aunque los detenidos fueron excarcelados por falta de flagrancia, continúan bajo investigación para determinar qué vínculo mantienen con la estructura criminal conocida como Carlos Patiño.
El incidente, que involucró a civiles supuestamente “instrumentalizados” por disidencias de las FARC bajo el mando de alias “Mordisco”, desencadenó un operativo militar y policial coordinado que culminó con el rescate de los uniformados sin necesidad de disparos. El suceso, en una región estratégica para el narcotráfico, vuelve a evidenciar los desafíos que enfrenta el Estado para recuperar control efectivo del territorio.
A pesar de que la Fiscalía declaró ilegal la detención en flagrancia, el ministro Sánchez subrayó que existen elementos probatorios —testimonios de los militares y grabaciones— que sustentan la participación de los excarcelados en “este hecho violento”. Estas pruebas servirán para aclarar el nivel de vinculación de los civiles con la estructura Carlos Patiño, brazo armado del bloque disidente que opera en la zona.
El operativo militar incluyó captura de más de veinte personas, pero solo 16 fueron vinculados formalmente al proceso judicial. Los demás fueron liberados tras considerarse que no se habían cumplido los requisitos legales para procesarlos. Sin embargo, todos deberán comparecer ante las autoridades conforme sigan las investigaciones.
Los hechos reflejan la complejidad del conflicto en el Cauca, donde las disidencias diseminan temor a través de tácticas de manipulación contra comunidades vulnerables. El comandante de la Región, general Pedro Sánchez—quien asumió el Ministerio de Defensa en marzo de 2025 y es el primer uniformado retirado en ese cargo desde 1991—atraviesa un momento clave de gestión, enfrentando la presión por resultados efectivos en zonas como el Cañón del Micay.
Este suceso revive el dilema de la seguridad rural: la falta de control estatal persistente ha permitido que las disidencias reemplacen al Estado, ejerciendo control social a través del miedo, el reclutamiento forzado y el secuestro. Ante ello, el Gobierno ha reafirmado su compromiso de continuar con la ofensiva militar (Operación Perseo) y el apoyo institucional —a través de salud, educación y sustitución de cultivos— para mitigar la influencia de los grupos armados.
Con la libertad de los presuntos involucrados, el proceso judicial dará un nuevo rumbo: la Fiscalía deberá producir más evidencia para demostrar qué tan estrecha fue la coordinación criminal. Mientras tanto, la presencia militar y policial se mantiene en la zona, con el reto adicional de generar confianza y proteger a las comunidades, sin recurrir a detenciones arbitrarias.
