Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal
La sanción en la Clinton que el emperador de Washington le ha impuesto al presidente Petro, a su hijo, a la señora Alcocer y al ministro Benedetti es una de esas medidas imperiales que tratan de hacerle la vida imposible a quien la recibe y, por ende, está cargada de oprobio e injusticia.
Con esa sanción no se acusa, se condena; y como se invierte la carga de la prueba, los afectados deben demostrarle a la OFAC que el patrimonio que poseen en Colombia, en los Estados Unidos y en cualquier otro lugar del mundo fue recibido legalmente.
Obviamente, es una medida para mutilar financieramente a los narcotraficantes, pero que, sin miramiento y sin derecho a defensa, amenaza con sancionar a todos los que tengan o hayan tenido alguna relación comercial con otra empresa o persona traqueta.
En Tuluá, donde tuvimos que librar una campaña feroz para conseguir que sacaran de esa lista a la mejor dotada clínica de la ciudad y también al equipo de fútbol, sabemos lo oprobiosa que resulta ser, a la larga, la sanción.
Les congelan los activos y depósitos en los Estados Unidos y en los bancos gringos en el resto del mundo. Les cancelan las cuentas bancarias en Colombia y, como los tentáculos de USA están en todas partes, se ven impedidos de sacar un seguro, tener tarjeta de crédito o débito, o comprar un pasaje aéreo. En el caso de la clínica, los pacientes debían pagar en billetes: no podían consignarles ni pagarles con tarjeta.
En el caso del Presidente y su Ministro, el sueldo no se lo podrán consignar y, cual diablillos, tocará habilitar la caja de la Casa de Nariño para que les puedan pagar en rama la mesada. Y si van a pagar un abogado, deben pedir permiso a la OFAC, demostrando que los honorarios se los pagan parientes o amigos limpios desde sus cuentas bancarias.
Y si reservan un vuelo en cualquier empresa aérea con sistema Amadeus o Sabre, como cruzan las listas con la OFAC, les vetan el pasaje.
No es, pues, una sanción solamente hipócrita: es una sanción oprobiosa.
