Por: Orlando Arenas Tamayo
La palabra es Hipocresía, para definir lo que hace la empresa Metro, la Empresa de Desarrollo Urbano EDU y la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, cuando avalúan metro cuadrado (m2) de tierra, en construcción antigua sobre la avenida 80, a valores que no alcanzan los 3 millones y medio de pesos (3.500.000 $/m2) y el inefable gerente de la Lonja, Federico Estrada, afirma que son avalúos hechos “con gran rigurosidad técnica”, pero cualquier ciudadano desprevenido puede verificar que sobre la mencionada vía, usted no puede comprar esos mismos predios por valores menores de 6 millones de pesos metro cuadrado ($ 6.000.000 $/m2).
Tienen un decreto municipal, como “Política Pública de Protección a Moradores de la 80” y una de sus cláusulas establece que en la gestión socio predial, aplicada a los impactados por la obra, los moradores deben salir, “en iguales o mejores condiciones”, pero vaya usted a preguntarle a esos entes a cuantos ciudadanos impactados les ha ocurrido que salieran con la satisfacción por el obrar de la administración en esta materia y se dará cuenta de la enorme insatisfacción con los procesos de adquisición adelantados bajo el chantaje de la expropiación. Eso también es hipocresía.
La Personería Municipal es el ministerio público, encargado de verificar el cumplimiento de las normas de defensa de los derechos de los asociados, por ejemplo, el decreto 818/21 sobre protección de moradores afectados, y esa labor debió haber sido desarrollada de oficio, pero los procesos expropiatorios a los predios de los renuentes a vender, se realizaban en oficinas de la Personería, entidad a la que utilizaban como testigo contra dichos ciudadanos, olvidando que no eran testigos del negocio, sino de la vulneración de sus derechos que debe tutelar el ministerio público. Precisamente esa entidad acaba de anunciar que inicia investigación contra funcionarios por denuncias hechas por ciudadanos y por la defensoría del pueblo, cuando ella, la Personería tenía la prueba y la certeza de tales derechos vulnerados. Simple muestra de hipocresía.
Los vecinos afectados, al ser notificados de los miserables avalúos de la Lonja de Medellín, acudieron al procedimiento de ordenar “Avalúos Corporativos” como los de Coralonjas, firmas de avaluadores inmobiliarios reconocidos y certificados por la Lonja de Medellín, y así constatar, que los valores de sus predios estaban muy por encima de los establecidos en los avalúos iniciales, pero la respuesta de la EDU, era amenazar con la expropiación a quienes no se prestaban para firmar las Ofertas de Compraventa que les llevaba la EDU, sin que hubiera nada que negociar con dicha empresa, cuyo oferta era lo vende en ese precio o le expropiamos. Hipocresía de la EDU, olvidando su compromiso de proteger a los moradores.
La administración de Federico ya va viendo el chicharrón que le dejó el Quinterismo y que muy pronto tendrá respuestas en los estrados judiciales debido a los procesos individuales y colectivos interpuestos por los moradores usurpados, violados y ultrajados en sus derechos
