El Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá impuso este viernes una sanción económica al presidente de la República, Gustavo Petro, por **incumplir una orden judicial que le exigía retractarse de señalamientos realizados contra el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño. La decisión se adoptó en el marco de un incidente de desacato a una tutela, confirmó la prensa local.
La multa impuesta equivale a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, aproximadamente más de 8 millones de pesos colombianos, que el mandatario deberá consignar en un plazo máximo de tres días tras la ejecutoria de la providencia.
La controversia se originó tras declaraciones públicas del presidente Petro en las que vinculó al fiscal Burgos con presuntos vínculos con el narcotráfico, en el contexto de la investigación judicial contra su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El fiscal consideró que esas afirmaciones vulneraron su derecho al buen nombre, la honra y la dignidad humana, lo que motivó la tutela inicial en agosto de 2025, ratificada posteriormente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Aunque Petro publicó mensajes de rectificación en redes sociales y en otros espacios, el despacho judicial concluyó que esas aclaraciones “distorsionaron” el propósito de la sentencia original, por lo que no se consideró cumplida la orden de retractación en los términos exigidos por la justicia.
En la misma decisión, el juez negó las solicitudes de arresto del presidente y de compulsa de copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que había pedido la defensa del fiscal Burgos en el marco del proceso de desacato.
La determinación judicial se produce en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y el sistema judicial colombiano, marcado por múltiples choques entre el presidente Petro y diversos entes de control y judiciales, y que ha sido objeto de atención mediática por su impacto institucional.
