El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, presentó en la madrugada del jueves el primer borrador del proyecto de ley que propone convocar una Proyecto de Ley de Asamblea Nacional Constituyente. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, señaló que el actual Congreso de la República genera un “bloqueo institucional” que impide las reformas esenciales para el país.
El documento, compuesto por once artículos y 23 páginas según su formato interno, detalla que la referida Asamblea estaría integrada por 71 delegatarios elegidos con paridad de género, y otorgaría facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro por seis meses para expedir decretos con fuerza de ley que definirían los requisitos para ser delegatario.
Asimismo, el articulado plantea que la Asamblea (que se instalaría 30 días después de la elección de los delegatarios y sesionaría durante tres meses) reformaría la totalidad de la Constitución Política de Colombia de 1991, aunque sin revocar al Congreso y respetando los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
El ministro Montealegre justificó la iniciativa señalando que la Constitución de 1991 ya “no responde a las cuestiones del siglo XXI” y que el sistema está atrapado en un modelo político agotado donde las reformas estructurales no han sido posibles.
En materia de participación ciudadana, el proyecto establece que la ciudadanía responderá dos preguntas en una votación nacional: una sobre la convocatoria de la Asamblea Constituyente y otra sobre si autoriza la reforma total de la Constitución dentro de los límites señalados. La revisión previa correspondería a la Corte Constitucional de Colombia.
El Ejecutivo incluye entre las reformas sociales y estructurales previstas el estatuto del trabajo y protección sindical, una reforma integral al sistema de salud, la garantía del derecho a la vivienda digna, la autonomía territorial indígena, la protección del campesinado y los ecosistemas. En esa línea, se propone también una reforma al Congreso y la separación de funciones del Consejo de Estado de Colombia, además de facultar al presidente de la República reglamentar materias monetarias en coordinación con el Banco de la República bajo control constitucional. infobae+1
El presidente Gustavo Petro afirmó que el texto será revisado y corregido por organizaciones sociales que integren el comité pro-constituyente, encargado de recolectar las firmas necesarias para impulsar la iniciativa. Petro subrayó que la participación ciudadana será directa y que cualquier ciudadano podrá proponer iniciativas, que estarán sujetas a la decisión final del comité. El presidente explicó que el texto definitivo será presentado al Congreso, conforme a lo establecido en la Constitución, y enfatizó que se trata de una iniciativa popular.
La propuesta ha generado reacciones diversas. Por un lado, el Gobierno la presenta como un mecanismo para superar lo que denomina un estancamiento institucional y avanzar con reformas de amplio alcance. Por otro lado, críticos señalan la complejidad legal y política del trámite: el texto reconoce que el Congreso debe convocar la Asamblea y que la ley que dispone la consulta popular debe aprobarse por mayoría absoluta en ambas cámaras. Algunos analistas advierten que la iniciativa entra en un periodo preelectoral, lo que añade tensión al debate.
El contexto de esta presentación se ubica en un momento de desgaste político para el Gobierno, con reformas clave aún pendientes y un Congreso cada vez más hostil. La convocatoria de firmas ciudadanas y la movilización social que acompaña el anuncio refuerzan el carácter de apuesta política de la iniciativa.
