Las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre el fallecimiento de Kevin Arley Acosta Pico, el niño de siete años con hemofilia A severa que murió el 13 de febrero tras esperar sin éxito un medicamento vital, generaron este martes una ola de críticas y rechazo en Colombia.
Durante un Consejo de Ministros realizado el 16 de febrero, Jaramillo aseguró que, según los reportes oficiales, Kevin sufrió un accidente craneoencefálico tras una caída en bicicleta y afirmó que “es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento”.
Las palabras del ministro fueron interpretadas por amplios sectores como una forma de trasladar la responsabilidad hacia la familia del menor, en un caso que ha estado marcado públicamente por denuncias de falta de entrega oportuna del tratamiento necesario para la hemofilia por parte de la Nueva EPS, entidad intervenida por el Gobierno.
La madre de Kevin y organizaciones de pacientes han señalado que el medicamento Emicizumab, que debía aplicarse cada 28 días para prevenir hemorragias graves, no fue suministrado desde diciembre de 2025, lo que habría agravado la condición del menor antes de la caída.
La Defensoría del Pueblo y asociaciones especializadas han catalogado la muerte de Kevin como resultado de fallas estructurales en el sistema de salud y han señalado que la falta de acceso a tratamientos biotecnológicos esenciales constituye un riesgo grave para los pacientes con enfermedades raras.
Además de las críticas desde organizaciones médicas, voces de sectores políticos y opinadores públicos han cuestionado la postura del ministro y del presidente Gustavo Petro, acusando a la administración de “culpar a la familia” en lugar de asumir la responsabilidad del Estado para garantizar el acceso a medicamentos y servicios adecuados.
La polémica también ha reavivado el debate sobre la gestión de la Nueva EPS, con denuncias de demoras en autorizaciones médicas, barreras para traslados hospitalarios y dificultades administrativas que, según críticos, reflejan problemas más amplios en la prestación del servicio de salud en el país.
Grupos de pacientes, defensores de la salud y sectores políticos exigen a la Cartera de Salud y a las autoridades competentes una investigación transparente de los hechos y medidas concretas que aseguren que ningún otro menor enfrente barreras similares para recibir medicamentos esenciales.
