El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha implementado durante los primeros meses de 2026 una serie de medidas fiscales y financieras por decreto que han permitido captar recursos cercanos a $198 – $200 billones de pesos, en un contexto de restricción presupuestal y cierre de la agenda tributaria en el Congreso, según análisis de medios económicos nacionales.
Buena parte de ese monto proviene de decretos de emergencia económica y tributos excepcionales dictados tras las inundaciones que afectaron a varias regiones como Córdoba, Antioquia y La Guajira. Entre esas medidas se incluye la creación de un impuesto temporal al patrimonio para grandes empresas, con tarifas superiores a las habituales, que busca recaudar entre $8 billones y hasta $13,5 billones según proyecciones de expertos.
Otra fuente importante de recursos es el traslado masivo de fondos pensionales desde mecanismos privados hacia el sistema público de pensiones (Colpensiones), autorizado por decreto. El Gobierno aspira a movilizar más de $25 billones en un corto plazo, algo que ha generado debate jurídico y técnico por su impacto en el manejo del ahorro individual de los cotizantes y en la sostenibilidad financiera del sistema.
Más allá de pensiones y tributos de emergencia, el Ejecutivo también ha recurrido a colocaciones récord de deuda interna y externa y ajustes a autorretenciones y otros gravámenes para reforzar la liquidez estatal. Estas maniobras permitieron que, según estimaciones publicadas en medios, el recaudo total supere los $200 billones sin precedentes en la historia financiera reciente de Colombia.
Críticos de la estrategia señalan que muchas de estas medidas se han adoptado sin pasar por el Congreso, aprovechando decretos de emergencia, lo que levanta dudas sobre su constitucionalidad y su impacto a mediano y largo plazo en la confianza inversionista y la sostenibilidad fiscal. Voces de gremios y centros de análisis subrayan que la dependencia de recursos excepcionales indica un desajuste estructural entre gasto e ingresos estatales, que persiste pese a los esfuerzos por ampliar la base recaudatoria.
Las maniobras fiscales del Gobierno ocurren en un año marcado por un déficit presupuestal significativo, la presión de la agenda electoral y el estancamiento de reformas clave, lo que ha llevado al Ejecutivo a recurrir a instrumentos financieros y tributarios alternativos para mantener la ejecución del gasto público y programas sociales.
