La Fundación de Educación Superior San José confirmó este viernes la anulación de los dos títulos obtenidos por Juliana Guerrero Jiménez, quien aspiraba al cargo de viceministra de Juventud en el Ministerio de la Igualdad. La decisión fue tomada de manera unánime por el consejo directivo de la institución tras hallarse serias inconsistencias en su historial académico.
Según el comunicado oficial de la universidad, fechado el 7 de noviembre de 2025, la investigación interna determinó que no existe registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en los programas de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria ni en el de Contaduría Pública, pese a que Guerrero había recibido títulos en ambos.
La Fundación explicó que la revisión de los sistemas institucionales reveló una ausencia total de evidencias académicas, y que Guerrero tampoco presentó los exámenes estatales obligatorios para grado en Colombia: el Saber TyT y el Saber Pro. Esta irregularidad se suma a la detección de brechas administrativas que permitieron el trámite de titulación sin requisitos formales.
En el mismo documento, la institución informa que desde el 25 de septiembre venía adelantando acciones penales y disciplinarias contra algunos directivos presuntamente implicados en el proceso irregular. El rectorado reiteró su compromiso de cooperar con las autoridades competentes para garantizar el total esclarecimiento de los hechos y reforzar los controles internos.
El caso de Juliana Guerrero ha causado una fuerte polémica pública, ya que su nombramiento en el Ministerio de la Igualdad había sido impulsado pese a las dudas sobre la veracidad de sus estudios. La anulación de los títulos no solo cuestiona su idoneidad para ocupar el cargo, sino que también pone en evidencia fallas en los mecanismos de verificación académica en instituciones públicas y privadas.
La Fundación San José reiteró en su comunicado que la información se divulga “por razones de interés general” y reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad en los procesos de educación superior. Entretanto, las autoridades educativas y de control ya evalúan posibles sanciones y responsabilidades derivadas del caso.
