El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado la terminación definitiva de los programas de permisos humanitarios de reunificación familiar que beneficiaban a ciudadanos de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. La decisión, comunicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), marca un giro drástico en la política migratoria y responde a una investigación interna que habría detectado niveles «inaceptables» de fraude y abuso en las solicitudes presentadas por los patrocinadores financieros en territorio estadounidense.
Según la información oficial divulgada, las autoridades federales encontraron irregularidades sistémicas en los formularios de soporte financiero, conocidos como declaraciones de patrocinio. El informe del DHS señala el uso repetitivo de números de seguridad social, direcciones postales duplicadas y perfiles financieros falsos utilizados para avalar la entrada de múltiples beneficiarios. Estas anomalías llevaron a la administración a concluir que el programa, diseñado para ofrecer una vía legal y segura, estaba siendo explotado por redes de gestores inescrupulosos, comprometiendo la integridad del sistema de inmigración nacional.
La medida afecta directamente a miles de familias colombianas y centroamericanas que se encontraban en proceso de espera o que ya habían recibido una aprobación condicional para viajar. Bajo este esquema, los beneficiarios con una petición familiar aprobada (Formulario I-130) podían ingresar a Estados Unidos con un permiso temporal de trabajo (parole) y esperar allí la disponibilidad de su visa de inmigrante, evitando las demoras de años en sus países de origen. Con la cancelación del programa, estos solicitantes deberán regresar al trámite consular estándar, lo que implica tiempos de espera significativamente más largos fuera de suelo estadounidense.
El cierre de esta vía legal se produce en un contexto de endurecimiento de las fronteras y revisión exhaustiva de los beneficios migratorios otorgados por el ejecutivo. Portavoces gubernamentales enfatizaron que la prioridad es proteger la seguridad nacional y asegurar que quienes ingresan al país cumplan rigurosamente con los requisitos legales sin atajos fraudulentos. La cancelación no solo detiene las nuevas solicitudes, sino que también revoca aquellas que estaban en etapas intermedias de procesamiento sin haber recibido la autorización final de viaje.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han expresado su preocupación por el impacto humanitario de la decisión, advirtiendo que el cierre de estas rutas legales podría incentivar nuevamente la migración irregular a través de la selva del Darién y la frontera con México. Sin embargo, el DHS ha sido enfático en que la lucha contra el fraude es innegociable y que se implementarán controles más estrictos para cualquier futuro mecanismo de admisión, cerrando la puerta a la reactivación de estos permisos en el corto plazo.
La embajada de Estados Unidos en Bogotá y las oficinas consulares en Centroamérica han instado a los ciudadanos a no dejarse engañar por intermediarios que prometan «salvar» sus procesos a cambio de dinero. Las autoridades diplomáticas reiteraron que la única vía vigente para la reunificación es el proceso ordinario de visas de inmigrante, sujeto a los boletines de visas y las cuotas anuales establecidas por la ley federal, sin las excepciones que ofrecía el ahora extinto programa de parole familiar.
