La familia de Lyan José Hortúa, el niño de 11 años secuestrado en Jamundí, Valle del Cauca, confirmó que pagó un rescate para lograr su liberación. Según declaraciones de Sebastián Bonilla, tío del menor, en entrevista con La FM, la decisión de entregar dinero a los captores fue tomada tras recibir sugerencias de funcionarios del Estado, quienes indicaron que un operativo de rescate podría tardar meses y poner en riesgo la vida del niño.
Bonilla expresó: «Nos vimos en la obligación de pagar un rescate. El valor me lo reservo por seguridad del niño y por nuestra propia seguridad. Fueron 18 días donde no aguantábamos la zozobra».
El secuestro ocurrió el 3 de mayo, cuando hombres armados irrumpieron en la vivienda familiar en el corregimiento de Potrerito. Durante su cautiverio, Lyan fue esposado y amenazado con un arma táser por sus captores, quienes buscaban obtener información sobre su familia.
La liberación del menor se logró el 21 de mayo, gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo y líderes comunitarios. Tras su liberación, Lyan fue trasladado a la Clínica Valle del Lili en Cali para recibir atención médica y psicológica.
Este caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en Colombia y la eficacia de las autoridades en la lucha contra el secuestro. La confirmación del pago de rescate y la supuesta asesoría estatal para realizarlo plantean serias preguntas sobre las estrategias empleadas para enfrentar este delito y proteger a las víctimas.
