El exmagistrado de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, ha expresado su preocupación respecto a la reciente radicación de la consulta popular promovida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Según Pinilla, el proceso presenta irregularidades que podrían comprometer su legalidad y viabilidad.
En declaraciones ofrecidas a medios de comunicación, Pinilla señaló que la nueva consulta popular, que incluye 16 preguntas —12 sobre reforma laboral y 4 adicionales sobre salud—, fue presentada ante el Congreso sin cumplir con los requisitos formales establecidos por la Constitución y la ley. El exmagistrado enfatizó que «es abiertamente irregular que el gobierno presentara nuevamente la consulta sin subsanar las falencias del trámite anterior».
La advertencia de Pinilla se produce en un contexto de creciente tensión política. El pasado 14 de mayo, el Senado rechazó una propuesta de consulta popular sobre la reforma laboral impulsada por el presidente Petro, con 49 votos en contra y 47 a favor. Tras este revés, el Gobierno radicó una nueva propuesta que incorpora preguntas relacionadas con la reforma al sistema de salud, buscando que el Estado pueda producir medicamentos, eliminar la intermediación financiera de las EPS, fortalecer la atención primaria en salud y establecer un régimen laboral justo para los trabajadores del sector.
El exmagistrado Pinilla también cuestionó la estrategia del Gobierno de insistir en una consulta popular como mecanismo para implementar reformas estructurales, sugiriendo que esta vía podría estar siendo utilizada para evadir el debate legislativo y la deliberación democrática en el Congreso.
Ante estas declaraciones, diversos sectores políticos han solicitado al Gobierno que aclare las dudas planteadas y que garantice el cumplimiento de los procedimientos legales en la promoción de mecanismos de participación ciudadana. Por su parte, el Ejecutivo no ha emitido una respuesta oficial a las observaciones del exmagistrado Pinilla.
La situación plantea interrogantes sobre la viabilidad jurídica de la consulta popular y sobre el respeto a los principios constitucionales en la implementación de reformas de gran envergadura. Se espera que en los próximos días, el Congreso y las autoridades competentes se pronuncien al respecto, para determinar el curso de acción adecuado en este proceso.
