En una nueva escalada diplomática, Estados Unidos ordenó este jueves el retiro de visas a varios funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, como respuesta al llamado a consultas de su embajador en Washington tras la expulsión del encargado de negocios estadounidense en Bogotá. La decisión se enmarca en la tensa dinámica bilateral actual, en la que ambos países han recurrido a medidas reciprocas.
El jefe de Despacho de la Presidencia colombiana, Alfredo Saade, confirmó en entrevista radial que el proceso afecta principalmente a quienes pertenecieron al M‑19 o a otros grupos armados y actualmente ocupan cargos públicos. Saade justificó la medida como un castigo a “personas que han sido parte del grupo M‑19 que legalmente pasó a la vida civil e hizo parte de la creación de la Constitución”, y subrayó que las relaciones internacionales deben construirse “sobre el respeto” entre las naciones.
Aunque los nombres de los funcionarios afectados no han sido divulgados oficialmente, distintos medios señalan que entre ellos podrían estar algunos ministros y altos asesores con vínculos pasados a grupos armados. El presidente Petro mantiene su visa vigente, lo que indica que la medida busca apuntar a la burocracia de segundo nivel del Ejecutivo .
Este retiro de visas se produce tras la decisión de la administración Trump de llamar a consultas al encargado de negocios estadounidense en Colombia, John McNamara, por “declaraciones infundadas y reprensibles” de funcionarios colombianos, según el secretario de Estado Marco Rubio. La medida provocó la reacción de Petro, quien devolvió la presión diplomática llamando a consultas a su embajador Daniel García‑Peña.
La tensión no solo es simbólica: la cancelación de visas complica la comunicación y el intercambio diplomático entre ambos gobiernos. Todos los procesos que requieran movilidad oficial hacia Estados Unidos se verán afectados, lo que podría obstaculizar temas cruciales como cooperación en seguridad, narcotráfico y comercio, áreas en las que Colombia y Estados Unidos mantienen estrecha coordinación .
La sospecha de que se trata de una política selectiva basada en antecedentes ideológicos o historia personal intensifica el malestar en Bogotá. El gobierno colombiano ha respondido destacando la importancia del respeto mutuo y la soberanía, mientras que representantes de Estados Unidos insisten en que la medida es una “evaluación legítima” ante vínculos pasados con grupos armados .
Por ahora, la situación permanece tensa y en desarrollo. La coordinación bilateral enfrentará nuevos obstáculos si no se logran acuerdos claros que permitan despejar la incertidumbre sobre quiénes estarán alcanzados por la medida y bajo qué criterios. Queda en manos del Departamento de Estado definir con transparencia los alcances y las condiciones para la restauración de las visas, si es que ello sucede.
Este nuevo episodio evidencia el impacto profundo que las tensiones diplomáticas pueden tener en relaciones históricamente sólidas, y refleja cómo decisiones puntuales generan efectos dominó en áreas estratégicas de cooperación regional. Pendiente queda la negociación política y diplomática que permita superar este impasse y restaurar la normalidad en la relación bilateral.
