La decisión de cinco alcaldes de las principales ciudades de Colombia de viajar a Washington provocó una dura respuesta del presidente Gustavo Petro. Desde Japón, y a través de su cuenta en X, el mandatario advirtió que los funcionarios públicos deben solicitar permiso para salir del país y anunció que se iniciarían las acciones correspondientes. “Sí se exige permiso al funcionario público para salir del país”, escribió Petro, recordando que los mandatarios no están autorizados para representar a Colombia en el exterior. Poco después, reafirmó que “la Constitución es clara” y que, aunque Estados Unidos descertifique o no al país, la carta magna se respeta.
Los alcaldes de Bogotá, Carlos Fernando Galán; Medellín, Federico Gutiérrez; Cali, Alejandro Eder; Barranquilla, Alejandro Char; y Cartagena, Dumek Turbay, anunciaron que viajarán este domingo 7 de septiembre a la capital estadounidense para reunirse con funcionarios del Departamento de Estado y congresistas de ambos partidos. Su agenda, programada para el 8 y 9 de septiembre, busca evitar que Estados Unidos descertifique a Colombia en la lucha contra las drogas, una sanción que no se presenta desde la década de 1990 y que podría suspender la asistencia económica y militar para combatir las economías ilegales.
Los mandatarios pretenden exponer que la descertificación representaría un golpe a la seguridad urbana y a la economía del país. Por ello, además de solicitar que se mantenga la certificación, propondrán que la cooperación bilateral se amplíe más allá de las medidas punitivas, con proyectos en seguridad, desarrollo económico, fortalecimiento democrático y migración. Plantean, incluso, que se fortalezca la cooperación policial y militar directa con las ciudades para prevenir la violencia y reducir el poder de las organizaciones del narcotráfico. La urgencia se explica porque, según un análisis citado por Semana, los indicadores en la lucha contra las drogas en el último año son “en gran mayoría pobres” y la relación entre Petro y el gobierno de Donald Trump se ha deteriorado notablemente.
La reacción de Petro no tardó en desencadenar un cruce de mensajes con los alcaldes. Federico Gutiérrez, de Medellín, respondió en X que Petro “ya actúa como un dictador” y aseguró que la delegación viajará porque representa a sus ciudades y trabaja por el país. “Haremos todo lo posible para que Estados Unidos siga siendo un gran aliado para Colombia”, afirmó, añadiendo que no necesitan permiso para trabajar por sus habitantes. Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, explicó que la certificación antidrogas es competencia del Gobierno nacional, pero defendió su participación en la gira al destacar que las relaciones bilaterales de su ciudad con Estados Unidos son un asunto local; sostuvo que su deber es fortalecer la cooperación internacional y atraer inversión y turismo.
La disputa deja al descubierto la tensión entre el Gobierno central y los mandatarios locales frente a la política antidrogas y la diplomacia. Mientras Petro insiste en que la representación internacional es competencia exclusiva del Ejecutivo, los alcaldes alegan que su viaje es una respuesta al riesgo real de descertificación y una oportunidad para asegurar recursos y apoyo para la seguridad y el desarrollo de sus ciudades. La solicitud de permiso planteada por el presidente no tiene precedentes recientes y abre un debate jurídico sobre la autonomía de los gobiernos locales en asuntos de cooperación internacional.
En el fondo, la preocupación por la descertificación es tangible. La legislación estadounidense obliga a la Casa Blanca a entregar al Congreso, antes del 15 de septiembre, un informe anual sobre la cooperación de los países productores o rutas del narcotráfico. Si Colombia pierde la certificación, automáticamente dejaría de recibir asistencia económica y militar para combatir las economías ilegales, lo que supondría la pérdida de millones de dólares destinados a vuelos de helicópteros de combate, movilización de tropas y programas de seguridad. Además, la descertificación podría bloquear el acceso a créditos en organismos internacionales, imponer aranceles a las exportaciones y desincentivar la inversión estadounidense. En medio de esta amenaza, los alcaldes buscan convencer a los legisladores en Washington de que las ciudades colombianas necesitan un respaldo directo para enfrentar la violencia y el narcotráfico.
El enfrentamiento entre Petro y los alcaldes refleja también la fragmentación política interna en Colombia y la falta de coordinación en la diplomacia antidrogas. Mientras la Casa de Nariño gestiona la relación con Washington a nivel nacional, las grandes ciudades buscan canales propios para asegurar su seguridad y desarrollo. El resultado de esta gira y la decisión final de Estados Unidos sobre la certificación podrían redefinir la cooperación bilateral y marcar el tono de la relación entre el Gobierno central y los mandatarios locales en los próximos años.
