El jefe máximo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Antonio García, negó categóricamente la responsabilidad de esa guerrilla en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Su pronunciamiento se produjo tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien durante la ceremonia de ascenso de generales de la Policía insinuó que el ELN podría estar detrás del magnicidio, aunque aclaró que no podía afirmarlo con certeza.
Petro aseguró en su discurso que “el ELN estaba asesinando colombianos” y que era “probable” que estuviera implicado en el crimen de Uribe Turbay. Estas afirmaciones fueron respaldadas por el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, quien subrayó que ninguna hipótesis ha sido descartada y que las investigaciones apuntan a diferentes estructuras criminales, entre ellas la Segunda Marquetalia, las disidencias de Iván Mordisco y el propio ELN.
La reacción de Antonio García no se hizo esperar. A través de un mensaje público, rechazó los señalamientos y afirmó que se trataba de un acto que el ELN “no cometió”. Agregó que, cuando esa organización realiza una acción armada, “tiene el valor de responder por ello”, y cuestionó al mandatario al afirmar que “es deber de un Presidente decir la verdad al país y al mundo, esa que rueda por los pasillos de la inteligencia y los conversaderos de todo tipo”.
La Fiscalía General de la Nación, sin embargo, no ha encontrado hasta el momento pruebas que vinculen directamente al ELN con el magnicidio. Según fuentes judiciales, la línea de investigación más sólida apunta hacia las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco, cuya estructura habría tenido vínculos con la oficina de cobros de alias ‘El Costeño’, uno de los principales capturados por el caso. Esta red ya habría ejecutado otros asesinatos bajo encargo del cabecilla disidente.
El magnicidio de Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio durante un acto político en Bogotá, conmocionó al país. Aunque el senador sobrevivió al atentado inicialmente, falleció el pasado 11 de agosto debido a complicaciones médicas derivadas de las heridas sufridas. Su asesinato, ocurrido a nueve meses de las elecciones de 2026, ha reavivado el debate sobre la seguridad de los líderes políticos y la amenaza de los grupos armados en medio de la coyuntura electoral.
Hasta el momento, seis personas han sido capturadas por su presunta participación en el ataque, entre ellas un menor señalado como autor material, que habría recibido 20 millones de pesos por ejecutar el atentado. La Fiscalía continúa recolectando testimonios y pruebas, mientras familiares y aliados políticos de Uribe Turbay insisten en que se haga justicia y se esclarezca quién fue el determinador intelectual del crimen.
En medio de las tensiones políticas y judiciales, el país sigue a la espera de resultados concretos de las investigaciones. Mientras el Gobierno multiplica sus hipótesis y el ELN rechaza cualquier implicación, la Fiscalía avanza en el rastreo de estructuras vinculadas al narcotráfico y las disidencias armadas, que hoy figuran como las principales sospechosas en este caso que ha golpeado a la democracia colombiana.
