Gustavo Petro, presidente de Colombia, fue incluido este 24 de octubre de 2025 en la denominada “Lista Clinton” del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La medida, adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), también cobija a la primera dama, Verónica Alcocer; a su hijo mayor, Nicolás Petro; y al ministro del Interior, Armando Benedetti, según confirmaron medios nacionales e internacionales con base en la notificación oficial.
Con la designación, los bienes que los señalados tengan bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y se prohíben transacciones con personas o entidades de ese país, de acuerdo con el alcance habitual de las sanciones OFAC. La inclusión de un jefe de Estado colombiano y de miembros de su círculo familiar y político marca un hito sin precedentes y agrava la tensión diplomática bilateral.
El presidente Petro reaccionó señalando que la decisión confirma una “amenaza” anticipada y anunció la contratación de representación legal en Estados Unidos para su defensa. En su mensaje insistió en que ha combatido al narcotráfico “durante décadas” y calificó la medida como una paradoja.
Nicolás Petro, investigado por la justicia colombiana en procesos internos, afirmó que su inclusión es “injusta” y la atribuyó a su parentesco con el mandatario. Benedetti, por su parte, rechazó las acusaciones y sostuvo que nunca ha tenido vínculos con narcotraficantes; en redes sociales arremetió contra Washington tras conocerse su nombre en la lista.
Fuentes estadounidenses informaron que la decisión se enmarca en acciones para enfrentar el aumento del tráfico de cocaína y el deterioro de la cooperación antidrogas. El anuncio se conoce después de episodios recientes que ya habían tensado la relación, como la revocatoria de la visa del presidente colombiano reportada a finales de septiembre.
El impacto inmediato incluye restricciones financieras, comerciales y de movilidad para los señalados en territorio y sistema financiero estadounidenses, así como eventuales efectos reputacionales y de cumplimiento para empresas y bancos que operan con contrapartes en Colombia. Autoridades y defensas de los mencionados preparan recursos y pronunciamientos jurídicos para impugnar o aclarar la medida.
