La Red de Veedurías de Colombia presentó denuncias formales ante la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades y politización del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), señalando entre los implicados a la exministra de Salud Carolina Corcho y al actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
La queja radicada por el veedor Pablo Bustos Sánchez el 17 de febrero advierte sobre posibles fallas administrativas en la estructura directiva del Fomag, un fondo encargado de administrar los recursos destinados a la salud, pensiones y prestaciones de los docentes en Colombia. La organización ciudadana cuestiona la llegada de exfuncionarios de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio de Salud a altos cargos dentro del fondo, lo que, según la denuncia, podría constituir conflicto de intereses y vulnerar normas del Estatuto Anticorrupción.
Entre los nombres mencionados en la denuncia figura Hernán Arnulfo Bayona, vicepresidente del Fomag, cuya posesión al cargo ha sido cuestionada por presuntos vínculos con su entonces esposa, quien se desempeñaba como superintendente delegada de Investigaciones Administrativas en la Superintendencia Nacional de Salud, entidad encargada de vigilar tanto al Fomag como a la Fiduprevisora, que administra los recursos del fondo. La Red de Veedurías sostiene que esta situación podría haber comprometido la independencia de los procesos de supervisión y sanción.
La denuncia también señala a otros exfuncionarios de la Superintendencia vinculados ahora a cargos de contratación y dirección dentro del Fomag, y plantea cuestionamientos sobre la formalidad en los procedimientos de vinculación, la supervisión de servicios y la contratación de personal, aspectos que, según la organización, han generado debilidades institucionales.
La inclusión de Carolina Corcho y Guillermo Jaramillo en las objeciones de la Red de Veedurías ocurre en un contexto en el que el ministerio de Salud y los altos mandos del sistema han estado bajo escrutinio por fallas administrativas y operativas en distintos frentes, incluidos procesos de reforma y de implementación de modelos de atención de salud pública.
El organismo veedor también pidió investigar si las irregularidades señaladas han tenido relación con campañas políticas o si el Fomag ha sido empleado como plataforma de visibilidad para aspiraciones electorales de algunos de sus directivos, algo que, de comprobarse, podría configurar faltas disciplinarias y penales.
Las autoridades competentes ahora deberán determinar si existen méritos probatorios suficientes para iniciar investigaciones formales sobre los hechos denunciados, lo que podría derivar en sanciones o medidas contra quienes resulten responsables conforme a la legislación vigente en Colombia.
La denuncia del 17 de febrero eleva el debate sobre la gestión de fondos públicos en el sector salud y pone a prueba los mecanismos de vigilancia y control sobre entidades que administran recursos destinados a beneficios sociales para sectores específicos, como el magisterio colombiano.
